No cabe la menor duda que la eliminación de Unidad Demócrata (UD) de la elecciòn subnacional del año 2015, con la aplicación del Art. 136 de la Ley Electoral, fue un atropello, una ilegalidad y una violación flagrante de los derechos constitucionales de miles de benianos.

Parece igualmente claro que el MAS, por boca de su candidato, incurrió en la misma sanción prevista por el Art. 136 de la Ley 026, por lo que hoy una buena parte de la opinión política del país está exigiendo que, también como en 2015, se cancele la personería jurídica del MAS y se lo elimine de la disputa electoral del 18 de octubre próximo.

Mi criterio es distinto; debemos ejercer una vigorosa pedagogía democrática sobre los autoritarios de ayer y de ninguna manera repetir sus actos; y me explico con tres razonamientos básicos:

1. La gran mayoría del país está convencida que el año 2015, con la aplicación del Art. 136 y la eliminación de la personería jurídica de UD, la inhabilitación de más de 200 candidatos y la frustración de al menos el 35% del electorado beniano se violó con flagrancia la Constitución Política, especialmente en sus Arts. 26 y 28 referidos a los derechos políticos de todos los bolivianos, únicamente “suspendibles” en caso de traición a la patria y defraudación de recursos públicos,“previa sentencia ejecutoriada”.

Por supuesto que no estaré de acuerdo con que semejante violación --que la repudié el año 2015-- ahora se repita, no importa contra quién, porque por encima de las preferencias político partidarias debe estar la militancia democrática y los derechos constitucionales.

El abuso masista gubernamental de 2015 fue una triquiñuela cuasi delictiva para eliminar de la contienda electoral a la fuerza opositora democrática regional más importante. Se trató de una de las tantas “estrategias envolventes” para eludir las reglas democráticas, eliminar al adversario en la vía administrativa e imponer el hegemonismo antidemocrático.

En mi criterio no es ese el camino hacia el restablecimiento y la recuperación democrática después de la derrota del fraude y de la fuga de los autoritarios, pero sobre todo después de una década de autoritarismo y de violación de nuestra Carta Magna, donde entre las grandes tareas nacionales está la de construir una verdadera pedagogía democrática.

2. La “controversia”, jurídicamente,  está en manos del Tribunal Supremo Electoral, que en mi criterio debe aplicar el Art. 410 de la Constitución Nacional que manda:

“I. Todos los órganos públicos…se encuentran sometidos a la presente Constitución.”

“II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”

Vale decir que el TSE deberá sancionar al MAS con lo que constitucionalmente es posible hacerlo de acuerdo al mismo Art. 136, vale decir con:

“… una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el ÓrganoElectoral...” 

Si no lo hace así, tendrá que hacerlo el Tribunal Constitucional.

Es que no sólo debemos guiarnos por una inequívoca ética democrática y  por la primacía constitucional, sino por una visión integral que vaya  más allá de la siempre virulenta confrontación política para preservarlos escenarios democráticos, donde el adversario no es un enemigo, donde el pensamiento distinto no es execrable y donde la alternancia definida por el consenso mayoritario nos obligue siempre a la tolerancia de hoy para que también nos toleren mañana, cuando seguramente será otra la correlación y la realidad de las fuerzas políticas. 

3. A los dictadores y autoritarios no se los derrota con sus métodos, no se los “elimina” por decreto; se los derrota y, en su caso, se los “elimina” con el arsenal de la democracia y   la decisión mayoritaria de la gente.

En mi criterio, el MAS no debe volver al gobierno, no sólo porque es el autor del fraude y de los sucesivos golpes de Estado que desde el 21 de febrero le propinó a la democracia, sino porque es el responsable histórico de una malversación irreparable, la malversación de la enorme esperanza de un país mejor que alentamos los bolivianos después de las dictaduras  y de los gobiernos neoliberales.

No pueden volver quiénes, con el mayor cinismo y sin viso  alguno de autocrítica, hoy nos están ofreciendo repetir la tragedia de la corrupción, del hegemonismo, del extractivismo y de la violación de los derechos fundamentales.

Pero esa decisión, como en noviembre de 2019, la tomará la mayoría de los bolivianos que ayer los puso en fuga y que el próximo 18 de octubre tiene que pronunciarse en las urnas por una alternativa verdaderamente democrática.

No es eliminando “administrativamente” al adversario que se triunfará en la contienda electoral, pero ese veredicto de las urnas puede ser la base para que la historia próxima extinga a los autoritaritarios, como lo hizo la justicia democrática condenando a los asesinos y golpistas de hace cuatro décadas.

Ya no la lógica, sino ese enorme sentido común que le dijo basta al prorroguismo, tiene ahora que rehacerse para abrir en el país un nuevo tiempo, primero de renovación democrática y después de construcción de un país distinto.

El desafio no es tanto del Tribunal Supremo Electoral, sino de la gran mayoría de los bolivianos, que una y otra vez pasamos por encina de dictaduras y autoritarismos, porque  hemos decidido construir un país mejor y una sociedad más tolerante.