A tiempo de resaltar el trabajo de la entidad que realizó la investigación, señaló “la Clínica de Derechos Humanos de Harvard, es muy activa para apoyar los esfuerzos continentales en procura de resguardar los derechos fundamentales, apoyar con acciones ‘amicus curiae’ (amigo de la corte o amigo del tribunal) ante el sistema interamericano y otras en favor de los derechos humanos”.

En ese sentido recordó que en años pasados, tuvo un trabajo relevante cuando intervino en los procesos civiles que se siguieron en Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de Octubre Negro de 2003.

“De manera que cuando surge una información que está suscrita por un centro de tanto prestigio, uno debe preocuparse porque no es precisamente la imagen que nuestro país debería reflejar al mundo exterior”, indicó Rodríguez Veltzé entrevistado por radio Éxito.

Sobre las conclusiones del informe, indicó que “las decisiones de persecución política no van a resolver la crisis; yo creo que es muy importante que el gobierno de la senadora Añez, convertida en Presidenta, medite sobre su candidatura y sobre la posibilidad más bien de encaminar un gran acuerdo nacional”, sostuvo Rodríguez Veltzé.

El lunes, la Clínica Internacional de Derechos publicó el reporte “’Nos dispararon como animales’ Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, en el que denuncia que durante la actual gestión de Gobierno se evidenciaron acciones que van desde violencia de Estado contra manifestantes, falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia, persecución de disidentes, hasta violencia ciudadana y paraestatal en el país.

“Tras las controvertidas elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, Bolivia ha sufrido un aumento de violaciones de derechos humanos. El 12 de noviembre de 2019, con el mandato de restaurar la paz y convocar a nuevas elecciones, Jeanine Añez Chávez se convirtió en presidenta interina de Bolivia. Sin embargo, bajo su gobierno, la violencia promovida o respaldada por el Estado, la limitación de la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, han contribuido a un clima de terror y desinformación que ha socavado el Estado de derecho y el prospecto de unas elecciones justas y abiertas”, indica el informe en su parte introductoria.

Entonces se mencionan los saldos trágicos de la represión a las movilizaciones ocurridas en Sacaba, Cochabamba, con un saldo de once muertos y 120 heridos todos civiles;  y en Senkata, El Alto, donde 11 personas perdieron la vida y varias decenas fueron heridas; las mismas que fueron antes calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como masacres.

“Todos los asesinados y heridos eran civiles indígenas. Ningún policía o soldado resultó herido. En respuesta, la presidenta interina Añez aprobó el decreto 4078, que concedía inmunidad a las fuerzas de seguridad, provocando una condena generalizada por parte de la comunidad internacional”, observa el informe.

Aunque el Gobierno ha reiterado en diversas oportunidades que las balas encontradas en los cuerpos de las víctimas no eran de uso oficial y que habían sido los mismos manifestantes los que se habían disparado entre ellos.

El IHRC, remarca que posterior a las “matanzas”, las fuerzas de seguridad en colaboración de "grupos paramilitares", hostigaron y acosaron a familiares de las víctimas y heridos, y a testigos. Incluso recuerda que se arremetió contra artistas, como el muralista Leonel Pajsi, quien fue acusado por sedición al haber sido encontrado con panfletos que señalaban: “Flores para la oligarquía y balas para el pueblo” y “Nosotros somos el pueblo”.

“Desde la matanza de Sacaba y Senkata, el gobierno interino ha continuado persiguiendo a aquellos considerados críticos opositores de la administración de Añez. En noviembre, la entonces ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, afirmó que el gobierno había identificado a los periodistas sediciosos y amenazó con emprender acciones contra ellos”, remarca el informe de Harvard.

El documento también indica que sólo a principios de 2020, más de 100 políticos del MAS habían sido detenidos o acusados, y casi 600 funcionarios o familiares de estos se encontraban bajo investigación, lo que dio lugar a declaraciones públicas de algunos representantes de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana en las que expresaban su preocupación.

“En respuesta a estos abusos, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos han llevado a cabo una investigación independiente de seis meses, durante la cual entrevistaron a más de 200 víctimas, testigos, periodistas y funcionarios, documentando así la represión acontecida desde que el gobierno interino llegara al poder en noviembre de 2019”, indica el estudio de la investigación.

Tras la investigación, la Clínica de DDHH identificó cuatro áreas concretas en las cuales las autoridades habrían “violado los derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros”: Entre ellas menciona la violencia de Estado cometida en Sacaba y Senkata, mediante el uso de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, contra manifestantes desarmados.

Sobre la falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia, sostiene, “Bolivia no ha cumplido aún con sus obligaciones respecto a las matanzas de Sacaba y Senkata”.

Al respecto, apunta que “el equipo de IHRC ha documentado multitud de obstáculos alarmantes que han debilitado investigaciones exhaustivas, como la manipulación de evidencias, irregularidades en autopsias, fiscales saturados de trabajo y sin medios, la negativa por parte de funcionarios públicos a proporcionar información, y amenazas a testigos. Estas obstrucciones debilitan la justicia para las víctimas y crean un clima de impunidad en Bolivia”. 

Asimismo, evidencia acciones de persecución de los disidentes, indicando que se han debilitado los derechos a la libertad de asamblea, asociación y expresión desde noviembre de 2019. “Algunos funcionarios han amenazado a periodistas, cerrado medios de comunicación opositores, torturado y arrestado de forma arbitraria a activistas, y han acusado a oponentes políticos con delitos imprecisos como sedición y terrorismo".

Sobre la violencia ciudadana y paraestatal en Bolivia, indica que “los miembros del Estado no son los únicos que han violado los derechos humanos en Bolivia. Algunos ciudadanos se han organizado en grupos de vigilancia parapolicial, emprendiendo acciones policiales con la aprobación del Estado y llevando a cabo ataques contra oponentes políticos. A menudo, estos grupos han colaborado de forma directa con las fuerzas de seguridad al cometer abusos, aumentando así las dudas sobre si estos han estado actuando como grupos paraestatales”, haciendo mención a grupos como el de la Resistencia Juvenil Cochala.

Por lo que el IHRC conmina al Estado boliviano investigar las violaciones de derechos humanos; facilitar las investigaciones imparciales; exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos; establecer compromiso por la libertad de expresión; la desvinculación de grupos paraestatales; así como celebrar elecciones libres y justas.

Dirigiéndose a la comunidad internacional, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard manifiesta que “la comunidad internacional debe condenar las matanzas ocurridas en Sacaba y Senkata, junto con otras violaciones de derechos humanos ocurridas bajo el mandato del gobierno interino, además de detener cualquier ayuda económica o política si los abusos continuasen”.

Además de “exigir la celebración de elecciones libres y justas: La comunidad internacional debe exigir la celebración de elecciones libres y justas tan pronto como sea posible y denunciar la persecución de actores políticos y sus simpatizantes”.