“A pedido de las organizaciones sociales de El Alto, a pedido de las 20 provincias del departamento de La Paz, a pedido de la Federación Túpac Katari, a pedido de la Central Obrera Departamental, los ayllus de Norte Potosí, mineros, fabriles, constructores, junta de vecinos, junta de padres de familia, la nueva generación de jóvenes, han pedido que a partir de hoy día se declare la huelga general indefinida”, proclamó ayer el dirigente de la COB Juan Carlos Huarachi.

Con esta decisión terminó la movilización impulsada por el ente matriz y el “Pacto de Unidad”, una organización que aglutina a dirigentes campesinos y de distintos sectores, todos del partido del expresidente Evo Morales.

Senkata fue el punto desde donde partió la marcha en horas de la mañana. La manifestación  llegó horas después al distribuidor de la Ceja de El Alto. 

Al punto de concentración llegaron indígenas de los ayllus de Norte Potosí, campesinos ponchos rojos de la provincia Omasuyos y de otras regiones  de La Paz. También arribaron trabajadores de distintos centros mineros del departamento de La Paz, integrantes de la Fejuve de El Alto, y miembros de otras organizaciones.

Mientras decenas de personas llegaron en más de 15 buses del interior del país para reforzar la marcha, en la ciudad de Sucre  la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca  realizó una movilización similar, aunque más reducida. Por su lado, la Central Obrera chuquisaqueña rechazó la protesta por el riesgo de contagio masivo.

En la ciudad de Cochabamba, militantes del MAS, cocaleros y los  “autoconvocados” de la zona sur, con wiphalas en mano, también marcharon en demanda de elecciones. Asimismo, se reportó un bloqueo en la ruta hacia Oruro.

En El Alto,  las dinamitas hacían estruendosas explosiones en el recorrido de la caravana y “anunciaban” la larga hilera de marchistas que en un principio trató de respetar la distancia social, pero cuanto más se acercaba al punto de concentración, la medida pasó a segundo plano. 

Muchos levantaron el puño derecho para gritar “¡Fuera Añez!, ‘¡fuera Murillo!”, ante la atenta mirada de los curiosos vecinos y los celulares de quienes filmaban el paso de la manifestación.

En medio de la movilización, un dirigente de la Fejuve de El Alto, de la línea azul, a voz en cuello expresó que exigen elecciones, porque el Gobierno “no puede solucionar absolutamente nada”, y   que a “título de Covid” busca postergar la fecha.

En el discurso central del cabildo,  Huarachi rechazó las acusaciones del Ejecutivo en sentido de que las marchas son un foco de infección, y también manifestó que el gobierno de Jeanine Añez busca prorrogarse utilizando la  Covid. 

“El problema en el país no es el coronavirus,  es este Gobierno incapaz que no hizo esa atención en el momento oportuno”, afirmó. 

Muchas  agresiones

En la movilización de ayer también hubo agresiones e insultos a periodistas, camarógrafos y fotógrafos de por lo menos tres medios de comunicación. Los movilizados les decían “traidores” y que se escondan en sus casas si tienen miedo al coronavirus.

  Pero no sólo los reporteros fueron víctimas, también una ambulancia y personal de salud fueron atacados por una turba. Un hombre arrancó con violencia el retrovisor del vehículo, mientras  este retrocedía y cuando lo quitó, lo estrelló varias veces contra la ventanilla.

A través de las redes, la ciudadanía denunció, mediante fotos y videos, agresiones de los marchistas contra policías, militares y hasta  un grupo de movilizados intentó destruir las cámaras de vigilancia de la Ceja. Autoridades del Gobierno  descalificaron la protesta del MAS, responsabilizaron a Evo Morales, Luis Arce y  al  “Pacto de Unidad” por el masivo contagio de Covid que pudo ocasionar la concentración.

El ministro de la Presidencia  Yerko Nuñez  pidió al Ministerio Público actuar de oficio y procesar a los dirigentes. “La convocatoria no es la que el MAS creía que iba a tener, y la prueba es que tuvo que traer gente de otras regiones, lamentablemente también exponiéndolas”, aseguró y  reiteró que fue el TSE el que fijó la fecha de las elecciones y no el Gobierno.