Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: miércoles 29 de julio de 2020
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Las movilizaciones de ayer, de miles de personas afines al Movimiento al Socialismo, parecen haber sido más una advertencia y una demostración de fuerza ejecutadas bajo el pretexto de reclamar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revoque su decisión de postergar, hasta el 18 de octubre, las elecciones generales que debían realizarse el 6 de septiembre, exigencia proclamada por dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales protagonistas de la protesta y por los líderes del MAS.
Contenido
Una protesta que, en realidad, no tiene nada que ver con las seis semanas que separan el 6 septiembre del 18 de octubre, porque ese tiempo –en términos electorales y desde la perspectiva del cualquier partido– es breve para cambiar de manera significativa las intenciones de voto.
Podría pensarse que el reclamo por anular la postergación lo motiva el temor de que ésta se repita. Pero no sería razonable, pues el TSE, como lo recordó su presidente, tiene “un mandato constitucional que implica que la elección y la posesión de quienes van a ejercer la presidencia deben estar posicionados en 2020”. Y cumplir ese mandato sería imposible si las elecciones no tienen lugar el 18 de octubre, fecha que, considerando los plazos de una posible segunda vuelta –fijada para el 29 de noviembre– y otras formalidades del proceso, permite que los nuevos presidente, vicepresidente y parlamentarios del Estado asuman sus funciones en diciembre, al filo del fin de este año.
Entonces, si conseguir la anulación de la prórroga no era el objetivo real de las movilizaciones de ayer, ¿cuál era el verdadero móvil del despliegue de miles de personas en El Alto y Cochabamba?
La única hipótesis congruente es la de la advertencia. Una advertencia al TSE para evitar que las denuncias presentadas contra el MAS por el presunto delito electoral de difusión de encuestas terminen con la cancelación de su personería jurídica y la inhabilitación de sus candidatos, como ocurrió en Beni, con otro partido, al término de un caso similar en 2015.
Pero no es 2015, ni este TSE es el mismo de entonces y la probabilidad de que el MAS reciba esa sanción extrema, contenida en la Ley del Régimen Electoral, es remota. Lo es, porque esa cancelación de personería jurídica y esa inhabilitación de candidatos son contrarias a la Constitución y nada permite suponer que el TSE vaya a aplicar una medida inconstitucional. Lo que no elimina la posibilidad de que el MAS tenga que pagar una multa.
Pero la advertencia tuvo lugar, y con un costo humano terrible que será evidente en un par de semanas, el tiempo que toma la Covid-19 en devastar a quienes se contagian. Y las aglomeraciones son el mejor lugar para eso.
