No de otra forma podríamos entender las tontas y rocambolescas declaraciones del jefe de la bancada del MAS en el Senado, Efraín Chambi, anunciando que: “si la Organización Mundial de la Salud o su filial panamericana continúan oponiéndose al uso del dióxido de cloro para aplicarlo en la cura del Covid19, solicitará la expulsión de ambos organismos de Naciones Unidas de Bolivia, por estar inmersos en una acción genocida en favor de los grandes consorcios farmacéuticos”.

Luego, este padrastro de la patria añade que, en cumplimiento de su rol legislador y fiscalizador, y en su afán de coadyuvar al control de la pandemia y sus efectos en la sociedad, desde la Asamblea Legislativa recomienda permanentemente al Poder Ejecutivo sobre la forma de combatirla. De ser así, ojalá que con los dos tercios de levanta manos con que cuenta en ese hemiciclo, logre aprobar también, la rápida expatriación de este veneno de Bolivia y que Dios nos agarre confesados.

Siguiendo con esa misma tónica, rayana en la ciencia ficción, el exministro de economía y candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, ofreció un bono universal de salud de Bs. 1000, doblando la oferta hecha por la presidenta Janine Añez, de conceder ese bono, pero por Bs. 500. La diferencia entre ambos beneficios es, que el bono gubernamental es real y el otro imaginario y falaz.

Tan engañoso e hipotético es el ofrecimiento del candidato “a seguir mamando de la ubre estatal”, que nos recuerda a sus propias afirmaciones emitidas desde su silla de ministro, mientras un contingente de discapacitados clamaba por un subsidio de Bs. 500 en la Plaza Murillo, tras marchar a pie 383 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba; algunos en silla de ruedas, otros con muletas, fueron brutalmente reprimidos y masacrados, bajo el astuto pretexto de que no había plata en caja para subvenir los gastos que representaba dicho bono, mientras el impostor decoraba sus lujosas oficinas con alfombras persas, y se ufanaba al afirmar que los bolivianos podíamos vivir con una canasta familiar de Bs. 100.

A escasos días de verificarse nuevos comicios presidenciales, se conoció que, según las investigaciones realizadas por la Gestora Pública, en 2017 y 2019, Arce habría firmado dos contratos para la adquisición de un software para la implementación del Sistema Integral de Pensiones. El primero se firmó con la empresa panameña Sysde Internacional Inc. por $us 5,1 millones, y el otro, con la empresa colombiana Heinsohn Business Technology, por $us 10,9 millones, tres días después de las elecciones pasadas. En declaraciones públicas sobre el caso, hace días, el ahora candidato procesado en forma penal admitió, “que había sido objeto de un engaño por parte de la empresa que tenía que remitir el software”. Por tanto, no hay software ni dinero; solo un candidato que quiere volver, pero no devolver, para lo cual ha inventado un curioso remate de bonos.