Hubo un gran cambio del electorado, como muestra elocuente son las sucesivas derrotas masistas: en el referéndum del 21 de febrero de 2016, la condena mayoritaria en las elecciones «judiciales» en que triunfó el voto blanco, el ausentismo en las elecciones «primarias». Esas fueron señales inequívocas del cansancio y repudio del pueblo y de la necesidad de un cambio en la percepción política y de gestión.

Las «encuestas» posteriores a 2016, han sido lapidarias para las pretensiones de dicho partido, porque mostraban que estaba lejos de ganar en primera vuelta. Las mismas tendencias señalaban que en una segunda vuelta el MAS perdería. Esa realidad obligó seguramente a ese partido a montar «el fraude en las elecciones del 20 de octubre del año pasado», que fue denunciado por el pueblo boliviano y confirmado por una auditoría efectuada por la OEA. Las últimas encuestas muestran una caída más acentuada del «masismo», mientras se fortalecen las otras tendencias, presentando un cuadro más claro al del año pasado.

Hoy las tendencias muestran que los actores con voz y voto serán muchos, ninguna fuerza logrará una mayoría que le garantice gobernabilidad; las dos candidaturas más votadas, solas, quedarán en minoría. En el parlamento las decisiones estarán condicionadas. Asimismo, las fuerzas que lideren la aceptación popular, solamente aliadas con las otras corrientes podrán vencer en una segunda vuelta. Las últimas encuestas demuestran también una polarización que obliga a las dos candidaturas con mayor preferencia electoral, a buscar atraer al enorme porcentaje de indecisos, 30%, que puede ser decisivo para lograr un mejor posicionamiento en la primera vuelta y permita contar con más escaños en la Asamblea Legislativa, y mejor situación y sustento para negociar el apoyo para la segunda vuelta.

Estos posibles acuerdos podrían tener otro abrupto desenlace si el MAS apela a movilizaciones y violencia, después que se ha generado una controversia legal que podría dejarlos fuera de la pugna electoral.

La posible inhabilitación del Movimiento Al Socialismo (MAS) para participar de las Elecciones Generales del 6 de septiembre, y la postergación de la fecha de los comicios, hizo que los afines al partido del ex presidente se desorienten y no sepan qué hacer toda vez que el camino democrático se les ha hecho intransitable.

Se han presentado siete denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que las admitió y derivó en una notificación oficial al MAS para que en lapso perentorio realice sus respectivos descargos. La denuncia señala que el candidato a la presidencia Luis Arce Catacora difundió a través de medios de comunicación televisivos una encuesta interna de intención de voto, lo que vulnera el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral.

Ante esta situación, el MAS envió una acción concreta y otra abstracta de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de la Ley del Régimen Electoral, que prevé la pérdida de la personalidad jurídica del partido que difunda los resultados de una encuesta interna, paralelamente, el ala intransigente del MAS, mediante el cocalero Leonardo Loza, advirtió que cualquier conflicto o «derramamiento de sangre» será responsabilidad del Órgano Electoral, «si es que no se retracta de postergar las elecciones hasta el 18 de octubre, o se anula la vigencia del MAS».

La opción del MAS para retomar el gobierno por la vía democrática se hace cada vez más lejana y peor si intenta acudir a la violencia, la juventud boliviana, dio muestras de su valentía en las jornadas de octubre y noviembre de 2019 y decisión de vivir en libertad que lo podrá repetir.

El candidato del MAS, calificó de «inconstitucional» la decisión de postergar las elecciones nacionales, ignora que para afirmar aquello debe haber una sentencia constitucional ejecutoriada.

De otra parte, al haber expresado «que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no calculó las consecuencias de esa decisión y ahora varios sectores han anunciado movilizaciones», ingresa en atentado contra el ordenamiento constitucional porque el TSE goza de independencia como los otros Órganos.

Como se advierte, el pueblo rechaza las poses de violencia, está a la expectativa, consciente de lo que debe hacer el momento de la prueba, para que se imponga el sistema democrático. El candidato a un paso de ser inhabilitado, al haber violado la Ley de Régimen Electoral, debería hacer mea culpa por haber perjudicado al partido que lo auspiciaba y comprender lo que el expresidente de África, Nelson Mandela, con visión profética advertía: «Nunca, nunca y nunca otra vez, debería ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra».