Las marchas fueron especialmente numerosas en ciudades como El Alto y Cochabamba, mientras que el Ejecutivo señaló que apenas tuvieron repercusión en la vida diaria.

Las protestas estaban convocadas por organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo al anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que los comicios se aplazan del 6 de septiembre al 18 de octubre, en espera de que puedan bajar los contagios por COVID-19 en el país.

El Alto, la segunda mayor ciudad del país con cerca de un millón de habitantes, fue escenario de una marcha con pancartas de la COB, de organizaciones de mineros llegadas de otras partes del país y de distintos colectivos, con un ataúd de cartón y un muñeco representando a la presidenta Jeanine Áñez.

Cochabamba, otras de las principales ciudades del país con más de 600.000 habitantes, también fue escenario de una marcha con consignas como «si no hay paz para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno de facto».

Varios miembros del Gobierno coincidieron en calificar las protestas de políticas para desgastar a Áñez, cuando el que convoca los comicios es el órgano electoral, no el Ejecutivo.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo ante los medios en La Paz que las marchas incumplieron medidas de cuarentena como el distanciamiento social y el uso de barbijos o tapabocas, por lo que advirtió de delitos contra la salud pública y aseguró que detrás de las protestas está el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.

Elecciones y pandemia

Las protestas generaron distintas reacciones desde el ámbito político, tanto de rechazo, por celebrarse pese a estar prohibidos actos sociales para evitar contagios del coronavirus, como a favor, exigiendo que la pandemia no sea excusa para demorar indefinidamente la cita electoral.

El Tribunal Supremo Electoral anunció la semana pasada que los comicios se retrasan a octubre para facilitar la votación con menor riesgo de contagios, pues a principios de septiembre la curva de positivos podría estar aún en aumento, y con mayores medidas de bioseguridad contra el nuevo patógeno.

Las elecciones ya se habían pospuesto de mayo a septiembre por la emergencia sanitaria en el país, que acumula 2.647 fallecidos y 71.181 casos confirmados de la enfermedad entre sus once millones y medio de habitantes, lo que le sitúa en uno de los más afectados del mundo comparado con su población, de acuerdo a distintos estudios.