Las cifras  con base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda revelan que en 2001 la pobreza en  ese municipio llegaba a 88,2% y en 2012 a 73,7%.

Según el investigador del CEDLA, Carlos Arze, un aspecto que explica, en parte, el escaso o reducido impacto de la actividad hidrocarburífera —caracterizada por ser intensiva en capital— es la poca vinculación de la actividad extractiva con la expansión del mercado interno, expresada en este caso en la demanda de mano de obra local.

En Lagunillas, apenas el 1,7% de la población ocupada está en las actividades de minería e hidrocarburos, un 51,8% en la agricultura y 46,4% en otras actividades económicas.
 
La Ley de Hidrocarburos reconoce el derecho de los departamentos productores a percibir  el 11% de la producción fiscalizada de cada campo que se encuentre en su territorio.

En 2016 las regalías para el departamento productor sumaron alrededor de 6,3 millones de dólares, pero si se toma en cuenta la producción proyectada por la empresa operadora para los siguientes años de 6,5 millones de metros cúbicos diarios y un precio de 4,27 dólares, las regalías pudieron superar los 39 millones de dólares en 2017.

Para Arze, como la lógica en la distribución de los ingresos por la explotación de los hidrocarburos es la misma para el conjunto de los campos, en el caso de Incahuasi, los mayores beneficiarios no son los departamentos que hoy disputan su posesión, sino las petroleras. 

El único aspecto particular sería que YPFB obtendría un 10% de las utilidades netas, como socio minoritario del consorcio Aquío Incahuasi, conformado por  Total E&P Bolivie con el 50% de las acciones, Tecpetrol de Bolivia con 20%, Gazprom  con 20% y YPFB Chaco con el 10%.

 “Los datos fríos develan que las luchas regionales por los beneficios de la explotación de los recursos del gas, en un contexto dominado por el interés de las transnacionales, resulta ser una pelea entre hermanos pobres por el pedazo menor del banquete, en la medida en que continúan relegados por el Gobierno y sus socias, las empresas transnacionales”, opinó Arze.

 En su criterio, la  distribución del valor de los hidrocarburos, dispuesto por la supuesta nacionalización de 2006, no favorece a los departamentos, sino, en primer lugar, a las empresas transnacionales. Por eso urge una verdadera estatización y control del sector por YPFB.