El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió ayer mantener la sentencia de noviembre de 2017 que pone candado a las regalías del campo gasífero Incahuasi hasta que haya un nuevo estudio. Ante la disposición, Santa Cruz denunció el “manoseo” político.

El Tribunal, mediante un auto constitucional, resolvió suspender los recursos a favor de la región cruceña. Santa Cruz amenaza con bloqueos e incluso huelgas.

“Queda vigente la determinación asumida en una acción de recurso en la sentencia 1160/17. Lo que significa que el pago de las regalías de Incahuasi queda suspendido tal como se había determinado en la sentencia de amparo constitucional”, comunicó ayer el presidente del TCP, Petronilo Flores.

El magistrado afirmó que tras el memorial presentado por YPFB,  el TCP, mediante un auto constitucional,  resolvió   dejar en suspenso la resolución de un  juez de garantías de Santa Cruz.

El pasado 26 de abril, el juez de garantías constitucionales Luis Alberto Guzmán ordenó descongelar el pago de las regalías por el megacampo de gas de Incahuasi a favor de Santa Cruz, en un plazo de cinco días.

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, afirmó ayer que la decisión del TCP sólo comprueba el “manoseo al cual fue sometido el conflicto de Incahuasi”.

“Repudiamos estas decisiones del TCP porque se ve que actúa bajo los designios del Gobierno. Hubo una decisión arbitraria y abusiva contra el departamento de Santa Cruz. Vamos a abrir  una investigación a las actuaciones del TCP, mediante los parlamentarios de Santa Cruz”, dijo Peña.

Señaló que se debe investigar al TCP, ya que  Santa Cruz presentó un recurso de queja ante esa instancia  el 16 de abril y no obtuvieron respuesta.

El miércoles 9, YPFB dejó  un memorial a la Comisión de Admisión del TCP para solicitar que se  mantenga la suspensión del desembolso de regalías y que los recursos sigan en custodia de la estatal  hasta que se cumplan las condiciones del fallo 1160/17.

La Gobernación  de Santa Cruz dijo  que fueron notificados por el juez Guzmán,  para que  YPFB descongele  los recursos en un plazo de tres días, disposición que también quedó sin efecto. 

 En noviembre de 2017, el TCP emitió la sentencia 1160 que suspendió el pago de regalías y dejó los recursos en custodia, en tanto se realiza un estudio técnico sobre la ubicación de ese pozo, con el fin de ver si es compartido o no entre Chuquisaca y Santa Cruz.

Comité Pro Santa Cruz 

El Comité Pro Santa Cruz, que ayer se reunió por varias horas, decidió realizar marchas,  bloqueos, paro cívico nacional e incluso huelga de hambre si es que YPFB  no ratifica que el campo Incahuasi se encuentra  en un 100% en territorio de Santa Cruz.

El presidente de esa organización cruceña, Fernando Cuéllar, informó anoche ante los canales de televisión que Santa Cruz no pretende pelearse con Chuquisaca, sino que exige  se respete el primer estudio que establece que el 100% de ese campo gasífero pertenece a ese departamento.

Yacimiento  Incahuasi 

• Producción El campo gasífero Incahuasi, descubierto en 2004 y operado por la petrolera Total, entró en producción desde agosto de 2016 e inyecta 6,7 millones de metros cúbicos de gas (MMmcd).
•  Conflicto Tras el inicio de operaciones, Chuquisaca reclama derechos sobre los recursos con el fundamento de que el campo es compartido.
• Estudio Ante el reclamo, YPFB solicitó un estudio técnico de ubicación del reservorio a la canadiense GLJ, la consultora en su informe certificó que Incahuasi se encuentra en un 100% dentro de  territorio cruceño.
•  Recurso Tras el congelamiento desde diciembre de 2017, Santa Cruz denuncia que dejó de percibir 165 millones de bolivianos hasta abril pasado, 33 millones de bolivianos por cada mes.

El Gobierno apunta a juez por conflictos en Chuquisaca

 El ministro de Justicia, Héctor Arce, apuntó ayer  como responsable de los conflictos en el departamento de Chuquisaca al juez que emitió un fallo a favor de Santa Cruz, que dispuso que se descongelen las cuentas por las regalías de Incahuasi. Asimismo, afirmó que se respeta la independencia judicial.

“Se denunció a un administrador de justicia ante una situación muy grave, que aparentemente por algunas presiones, emitió un fallo contra una sentencia constitucional que se constituyó en el detonante del conflicto cívico que vive actualmente el departamento de Chuquisaca”, precisó.

El miércoles por la noche, Arce se reunió en Santa Cruz con el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, representantes de la Asociación de Magistrados de Bolivia, la Departamental de Magistrados de Santa Cruz y del Tribunal de Justicia, para explicar y aclarar la situación de un juez que falló en contra de una resolución constitucional.

En su explicación argumentó que en ningún momento el Ministerio de Justicia, como Órgano Ejecutivo, se ha manifestado en contra de la función judicial en general porque es absolutamente respetuoso y defensor de la independencia de la función y transparencia judicial.

El pasado 26 de abril, el juez de garantías constitucionales, Luis Alberto Guzmán, ordenó descongelar el pago de las regalías por el megacampo de gas de Incahuasi a favor del departamento de Santa Cruz, en un plazo de cinco días.

 Tras la disposición, el 1 de mayo, el ministro Arce anunció un proceso penal contra el juez Guzmán, por desconocer una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y ordenar el descongelamiento del pago de regalías del campo gasífero  Incahuasi.