Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: viernes 11 de mayo de 2018
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Ruddy Flores y Neldy Andrande, dos de los seis magistrados que avalaron la reelección indefinida de Evo Morales en el Tribunal Constitucional, fueron contratados para trabajar en el Estado. El primero es el director jurídico de la Cancillería y la segunda fue contratada en la Autoridad Jurisdiccional Administrativa de Minería.
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Es obvio que están siendo premiados por el fallo favorable al proyecto de poder de Morales.
Todos tienen derecho al trabajo, dirán ellos o el Gobierno, pero el caso es que el mentado fallo es tan reciente (noviembre de 2017) que al menos pudieron esperar un poco para que no fuera tan evidente el manoseo del asunto.
El aval otorgado por el TCP a Morales no pasa el menor control legal a nivel internacional y por eso la Comisión de Venecia ya se pronunció en favor del límite a los mandatos y es probable que el sistema interamericano haga lo mismo próximamente.
Precisamente por eso, la acción de Flores, Andrade y los otros cuatro exmagitrados pasará a la historia como un antecedente nefasto. Entre tanto, que disfruten de su premio consuelo.
