El proyecto de norma también establece el empadronamiento permanente de connacionales en las oficinas consulares de Bolivia en el exterior.

Legisladores de oposición sospechan que el Gobierno “alista un fraude” en los comicios generales de 2019, con el afán de garantizar la cuarta reelección del presidente Evo Morales, quien fue habilitado como candidato por el Tribunal Constitucional, pese al referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría  dijo No a la reelección. 

“A efectos de garantizar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos y las ciudadanas residentes en el exterior, el voto podrá ser electrónico…”, se lee  en el proyecto de ley modificatorio a la Ley 018 del Órgano Electoral y la Ley 026 del Régimen Electoral. 

El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), el  diputado Gonzalo Barrientos, sostuvo que el Gobierno “tiene la intención de manipular informáticamente el voto de los bolivianos”;  y recordó –respaldado en un recorte de prensa–  que el vicepresidente Álvaro García Linera en 2016 aseguró que el resultado del referendo constitucional era un “empate técnico” y que “los votos del área rural y del exterior definirán los resultados electorales”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que el proyecto de ley “abre el candado para que si en algún momento se diera la posibilidad de tener voto electrónico en el exterior, no haya ese candado en la ley; por eso estamos clarificando como una posibilidad”.

Explicó que el voto electrónico beneficiará a los residentes bolivianos en el exterior, pues algunos se registran en un lugar y luego deben  trasladarse  de una ciudad a otra para poder ejercer su derecho al voto. “Si estuviera abierta la posibilidad del voto electrónico, desde cualquier lugar pueden ejercer su derecho al voto”, indicó la diputada, quien agregó que “por el momento” no hay  las condiciones técnicas para implementar el voto electrónico.

Para el senador Barrientos,  “no sólo es una mera previsión”. Afirmó  que el MAS impulsa la norma para cometer “un fraude”, dado que en Bolivia la ciudadanía rechaza la reelección de  Morales; y consideró, además, que por esa situación  el masismo también plantea el registro biométrico permanente en el exterior.  

En 2014, el entonces vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, informó que tenían listo un proyecto de ley para implementar el voto electrónico “no presencial”, vía internet,  en algunos países del exterior,  donde había  un registro biométrico de menos de 500 connacionales inscritos. La propuesta no se concretó.

El proyecto de ley, aprobado ayer en Diputados, también establece  el empadronamiento permanente de connacionales en las oficinas consulares. 

 El documento indica  que “para el efectivo cumplimiento de la ley en las oficinas consulares se podrá realizar el registro biométrico y la actualización, en el sistema del Órgano Electoral Plurinacional, a momento en que una ciudadana o un ciudadano gestione cualquier trámite en el consulado, centro emisores de documentación, consulado móvil o brigada móvil”.

Actualmente, la ley electoral otorga un mes para que residentes bolivianos puedan registrarse en el padrón biométrico y de esa manera quedar habilitados para los comicios.

  En un segundo proyecto de ley se propone que los ciudadanos nacidos en el exterior,   y que su padre o madre sean bolivianos, puedan  obtener la ciudadanía nacional   con la presentación de documentos.

El primer documento  es la cédula de identidad o certificado de nacimiento de su progenitor o progenitora. El otro es  un documento oficial de nacimiento, del que solicita el registro de nacionalidad,  en el que figure el nombre de sus padres. 

La oposición cree que el MAS, en su desesperación, busca “que ciudadanos se registren como bolivianos para captar votos”.

Otras  experiencias

• Brasil   El caso más avanzado de voto electrónico se da en Brasil. Se implementó en 1996 y en la actualidad llega casi a la totalidad del electorado, desde el 2000. 
• Venezuela     Es el segundo país de la región en implementar escáneres para el escrutinio de los votos en 1998. Fue a partir de 2003 cuando inició el proceso de automatización total. En 2004 se hizo el primer referendo revocatorio en el mundo contra un presidente, siendo también la primera elección nacional con máquinas de votación que imprimían el comprobante de voto. 
• México  Jurídicamente no está incluido, cada Estado es libre y soberano.

Punto de vista
mIGUEL cERRANO  Experto en informática

El Estado debe garantizar la seguridad  porque el voto es secreto

 Todo proceso de modernización e incremento del soporte tecnológico es positivo, por lo tanto considero que el voto electrónico va a facilitar la recolección de información y de la preferencia ciudadana.

 Sin embargo, no hay que dejar de lado el reglamento o la parte operativa. El voto electrónico tiene muchos beneficios y esos beneficios se los goza cuando se tiene todo el cuidado posible. 

Por ejemplo, cuando uno ve en cualquier registro o plataforma que sea linux, android, cualquier registro se graba en el equipo, entonces se tiene que cuidar el aspecto del secreto del voto. Es un factor muy importante, si uno implementa el voto electrónico, tiene que tener la obligación de garantizar  que el voto sea guardado y custodiado de manera segura y de manera anónima.

  Si el voto electrónico será  utilizado en el extranjero, ahí surge un requerimiento que se llama la transmisión por internet o por el medio tecnológico que sea aceptable.  Ahí se tiene que implementar tecnología que garantice la seguridad en el envío de información para evitar una manipulación, que no haya un cambio, que garantice el reflejo y la voluntad tal como ha sido reflejada en el momento del voto en el momento del sufragio

 Esa garantía requiere nuevamente la seguridad del secreto del voto. La Constitución Política del Estado taxativamente señala que el voto es secreto, entonces el Estado debe garantizar que la voluntad del ciudadano se mantenga a lo que señala la norma.

  Ahora ahí deberán implementar un túnel por internet o una red privada,  un sistema que permita garantizar el envío de esa información.

El ciudadano debe tener el respaldo legal para que el Estado haga uso y almacenamiento de los datos; entonces, el Gobierno tiene que definir cuál va ser el uso de datos para la tranquilidad de la ciudadanía.