Este pedido de «opinión consultiva sobre los límites permitidos en el ejercicio de los derechos políticos en democracia» fue planteado a raíz de las diversas crisis políticas y electorales generadas en Latinoamérica por gobiernos que promueven esta modalidad de reelección

En muchos casos, según el reporte de la Procuraduría General del Estado, se ha justificado la reelección sin límites legales «por la necesidad de conseguir la eficacia en políticas públicas a largo plazo y en otros casos reclamándola como un derecho humano».

El recurso presentado por Bolivia guarda relación con una solicitud planteada por Colombia en 2019 a esta Corte sobre «la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».

Ambos requerimientos fueron remitidos el viernes 24 de julio al Secretario Ejecutivo de ese organismo internacional, Pablo Saavedra Alessandri.

Cabrera recordó que estas acciones se suman al memorial presentado el 8 de enero al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para solicitar la nulidad de la «oprobiosa sentencia constitucional 084/2017 que dio lugar al desconocimiento del referéndum del 21 de febrero (de 2016) y al incumplimiento de nuestra normativa constitucional».

En esa consulta nacional, 2. 682.517 bolivianos (51,3%) rechazaron una nueva reelección del entonces presidente Evo Morales y de su ahora exvicepresidente Álvaro García Linera.

«La grave crisis de la democracia boliviana tuvo origen en el desconocimiento y desobediencia al mandato del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21 de febrero de 2016 que establecía la prohibición de la reelección presidencial indefinida», afirmó el Procurador a la prensa, desde Washington, a través de medios digitales.

«La Corte deberá emitir un pronunciamiento (…) de manera que nunca más el derecho internacional de los derechos humanos pueda ser instrumentalizado por aquellos gobiernos autoritarios que pretenden perpetuarse en el poder desconociendo la normativa que rige a los gobiernos americanos», reflexionó el procurador Cabrera.

Estas son las preguntas planteadas por el Estado al Corte Interamericana de DDHH.

1. ¿Puede considerarse a la reelección indefinida como un derecho humano o una restricción a los derechos políticos conforme a los artículos 23 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

2. El artículo 23 literal b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de «votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas». ¿El hecho de que las elecciones deban ser periódicas auténticas constituye un límite o prohibición a la reelección indefinida de autoridades estatales?

3. A la luz de la Carta Democrática Interamericana, ¿la democracia representativa como modelo de gobierno restringe la reelección indefinida de autoridades en un Estado de Derecho?

4. ¿Qué grado de jerarquía tienen los resultados obtenidos a través de consultas populares o referéndums sobre la modificación del texto constitucional, con relación a la previsión que prohíbe la reelección presidencial indefinida, frente a las decisiones adoptadas por los Tribunales Constitucionales y Judiciales que dan curso a la reelección?