Mediante un video, Cabrera indicó que las cartas enviadas por la Procuraduría buscan una "correcta interpretación de las normas internacionales" y evitar que sean utilizadas para que las autoridades se “perpetúen en el poder”.
“La Corte IDH deberá emitir un pronunciamiento interpretando de manera correcta la Declaración Americana de Derechos, la Convención Americana de Derechos, la Carta de la OEA y la Carta Democrática, de manera que nunca más el derecho internacional de los derechos humanos pueda ser instrumentalizado por aquellos gobiernos autoritarios que pretenden perpetuarse en el poder desconociendo la normativa que rige a los gobiernos americanos”, manifestó Cabrera.
En ese sentido, el Procurador apuntó que la crisis política por la que pasó Bolivia se debe al desconocimiento del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016, proceso en el cual se impuso el "No" a la reelección indefinida.
“Es de conocimiento de todo el pueblo boliviano que la grave crisis de la democracia boliviana tuvo su origen en el desconocimiento y desobediencia al mandato del pueblo boliviano expresado en el referéndum del 21 de febrero del año 2016, el cual establecía que se respete el mandato constitucional de la prohibición de la reelección presidencial y vicepresidencial indefinida”, afirmó el procurador.
La Procuraduría General del Estado espera, además, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que anule la sentencia 084/2017, que avaló al expresidente Evo Morales a repostular a un cuarto mandato consecutivo en las Elecciones Generales de 2019, amparándose en el artículo 23 del Pacto de San José.
Sobre esa línea, el inciso B del artículo 23 de esa norma señala que todos los ciudadanos tienen como derecho político el "de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".
