Vayamos por partes. En primer lugar, las candidaturas inscritas para participar en las próximas elecciones generales aceptaron, al inscribirse, las reglas del juego imperantes en enero pasado, las normas que comenzaron a cuestionar a medida en que fueron perdiendo respaldo popular.

En segundo lugar, la elección de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue transparente y se ciñó a las normas establecidas, aspecto también aceptado por todas las fórmulas en campaña. Lo que provocó el surgimiento de cuestionamientos a los vocales fue que estos demostraron que actuaban conforme a lo que disponen las normas en vigencia y no a los intereses electorales de cada fórmula en carrera. Los niveles de los insultos proferidos, particularmente en contra del presidente del TSE, han sobrepasado todo límite y si bien muestran la baja calidad humana de quienes los difunden, también muestran una actuación digna de esos vocales afectados.

En tercer lugar, la definición de una fecha concreta para la realización de las elecciones generales tiene la significación fundamental de que el proceso electoral está en marcha, al margen de los intereses particulares de las fuerzas políticas que participan y de dirigentes que no lo hacen por limitaciones impuestas por ley. Estas corrientes se vieron reforzadas por gente que con el pretexto de la pandemia del coronavirus intentan abrir puertas para que, organizando un nuevo proceso electoral, tal vez pueden ser de nuevo aspirantes a la administración del Estado.

Más aún. Pese a los intentos de los que buscan anular el actual proceso electoral por insistir en que la fecha era definitiva, estuvo claro desde un principio que ésta podía ser movida en función de la pandemia. El jueves, los vocales del TSE, al postergar una vez más la fecha de elecciones hasta el 18 de octubre, demuestran que privilegian la salud de la ciudadanía. Pero se mantiene el proceso.

Obviamente, hasta que se realicen las elecciones los que buscan su anulación seguirán removiendo cielo y tierra para alcanzar su objetivo, y no hay que descartar que entre lo que busquen unos sea tocar las puertas de cuarteles, o que desde Buenos Aires (como siempre, los extremos se tocan y se ayudan) se vuelva a mandar a algunas bases del masismo a su inmolación en aras de satisfacer la angurria de poder de su jefe y fugado exmandatario.

Como muchos coincidimos, el sistema democrático está en peligro y la única manera de mantenerlo es ratificando su legitimidad a través de elecciones libres, plurales y transparentes que permitan que los bolivianos, hombres y mujeres, elijamos un gobierno y un Parlamento que tengan la fuerza y capacidad suficientes para impulsar un proceso de reconsolidación democrática en una coyuntura signada nuevamente por una profunda crisis económica y social, agravada al extremo por el coronavirus.

Para ello, hay que estar atentos a que los portavoces de los proyectos autoritarios sean vistos como tales; es decir, que sepamos quitar la máscara de interés por el país a quienes claramente buscan satisfacer sus propios intereses.

Por último, en el hipotético caso de que las posiciones autoritarias lograran su objetivo y se anulara el actual proceso electoral, ¿creen ustedes que en uno nuevo que se convocara los actuales candidatos abandonarían sus candidaturas y que no aumentarían los candidatos con personas que hoy no lo son?