A diferencia de las décadas de 1980 y 1990, las dos primeras del siglo veintiuno se han mostrado más bien rezagadas en materia de análisis, discusión y conocimiento sobre la realidad política, económica y social del país.

Poco después de la redemocratización iniciada en 1982, la reorganización de la sociedad boliviana impulsada por la aplicación del programa neoliberal en 1985 fue objeto de examen reiterado y dio lugar a importantes como variados diagnósticos que, a su modo, incidieron en las políticas públicas.

Junto al ocaso del proletariado minero ocurrido en ese tiempo y al protagonismo que adquirieron las organizaciones partidarias, en particular de derecha y centro-derecha, se tuvo el debilitamiento de los sindicatos obreros y campesinos, a la par que el brote de los que más tarde pretenderían ser sustitutos sectoriales de estos últimos: cooperativistas mineros, productores de coca y agricultores colonizadores, en buena medida también cocaleros. La economía se liberalizó, en tanto que la política se tecnocratizó y desideologizó. Tales fueron las consecuencias generales –y aquí caricaturizadas– de la “democracia de mercado” que se instaló desde entonces.

Resultante de la ruptura conservadora del “empate hegemónico” (proyecto empresarial-militar versus proyecto obrero-popular) que se arrastraba desde la revolución nacionalista modernizadora de 1952 y que trajo reformas significativas como el reconocimiento de la condición multicultural y pluriétnica de la nación, ese lapso fue, sin embargo, sumamente propicio para que se pensara en el país y sobre el país.

Espacios de la universidad pública, como también algunos de la izquierda política, del sindicalismo obrero-campesino y otros apoyados por la cooperación internacional actuaron como verdaderos “centros de pensamiento” (think tanks) y aportaron valiosos elementos para caracterizar la historia nacional y el presente de ese momento, así como para trazar rutas de futuro.

La riqueza de los exámenes, debates y propuestas que se registraron en ese marco al menos hasta comienzos del nuevo milenio no es resumible en pocas palabras, pero se puede destacar algunas de sus líneas de reflexión: el quiebre multidimensional que supuso la “Nueva Política Económica” establecida en 1985, el carácter colonialista, anti-campesino, monocultural y centralista del Estado, las potencialidades y debilidades de los sindicatos obreros y campesinos como órganos de poder, la identidad étnico-política de los grupos sociales subordinados más allá de la definición clasista, el sentido privatista de la economía, la condición dependiente de la nación, los problemas de narcotráfico y corrupción o las insuficiencias de la democracia formal.

Como era lógico, de ese conjunto de cuestiones, todas apremiantes, tenían que emerger planteamientos para su enfrentamiento y superación, lo cual aconteció entre 1985 y 2002, años en los que fueron echadas prácticamente todas las bases de los asuntos que acapararon la atención política posterior. Por ejemplo, el seminario “Repensando el país” de 1985, los congresos de 1987 y 1988 de la Central Obrera Bolivia y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los programas de gobierno del Frente de la Izquierda Unida (en 1989) o del Movimiento Bolivia Libre (en 1991), los documentos “Por una Bolivia diferente” del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (en 1991) y “Bolivia - Visiones de futuro” del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (en 2002), tenían las marcas de ese temario.

Desde la necesidad de conformar un Estado y una sociedad plurinacionales e interculturales –con antecedentes surgidos en el movimiento indigenal de la década de 1940, el indianismo de los años sesenta y el katarismo de los setenta–, pasando por la busca de formas de democracia participativa y directa o un poder descentralizado, hasta llegar a la demanda de realización de una asamblea constituyente, todo ese “programa” estaba ya establecido para cuando se desencadenó la crisis de Estado, democracia y gobernabilidad en el período 2000-2005, en que se sumó a la agenda el reclamo por las autonomías departamentales.

La compleja aprobación en 2009 de una nueva Constitución, negociada al final con los partidos dominantes del sistema impuesto en 1985, pareció dar término a los debates respecto a las reivindicaciones sociales esperadas y el gobierno, que había sido posesionado en enero de 2006, se ocupó de hacer creer que de ahí en más sólo se trataba de consolidar una “revolución democrática y cultural” que iba a durar cinco siglos.

Entre los efectos perversos de este último tiempo político estuvieron no sólo la neutralización de todo pensamiento crítico y la gubernamentalización de la esfera pública, sino también la apropiación oficialista de la interpretación de la realidad nacional. 

Debe recordarse, al respecto, que el ahora fugado ex vicepresidente intentó hacerse con el monopolio del análisis, para lo cual utilizó unas “sesiones de honor” los días 6 de agosto para decir “su” verdad sobre la situación y el rumbo del país en un parlamento aplaudidor, creó con financiamiento estatal un centro de investigaciones atado a los objetivos propagandísticos del gobierno, gozó de verdaderos “quinquenios sabáticos” en que escribió y habló lo que mejor quiso y, en vez de pensar en el país, optó por ocuparse de “pensar el mundo desde Bolivia” en costosísimos foros que aprovechó, de nuevo con dineros públicos, para fotografiarse con intelectuales del “progresismo” internacional especialmente invitados.

Frente al vacío e infertilidad de casi dos decenios, hoy es imperativo recuperar la capacidad y la voluntad de pensar. Sin embargo, los principales actores políticos aparecen más preocupados por la conquista urgente del poder que por hacer posible una real transición democrática con ideas precisas y proyectos factibles de mediano y largo plazo.

Es hora de que Bolivia vuelva a ser un lugar donde pensar plural y libremente, pero en que lo pensado sea prioritariamente la propia Bolivia y el espíritu de tal pensamiento sea uno comprometido con su destino.