Ante esta situación, se prevé movimientos y concentraciones previas, con la premisa de exigir “recuperar la democracia, la salud, la educación y la vida”, de acuerdo con lo que reza la instrucción emitida por el Pacto de Unidad, conformado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, y el Concejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu.
Varias son las agrupaciones que se sumaron al llamado organizado inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB). La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia se emplazará con destino a El Alto, al igual que las entidades que conforman el Pacto. Se trasladarán desde la tranca de Senkata con destino a El Alto.
Desde Cochabamba, también hay expectativa en torno al movimiento. Autoconvocados del Distrito 7 de la zona sur se declararon en estado de emergencia.
“La única solución son las elecciones nacionales. Zona sur, de pie, nunca de rodillas”, exclamó uno de los ciudadanos.
En Chuquisaca, también se prevé una marcha. La Federación Única de Trabajadores Campesinos de ese departamento invitó a todos los organismos a participar de las movilizaciones. La concentración comenzará en el famoso reloj, a las 9:00.
También los Ayllus del Norte de Potosí y los Ocho Ayllus en Paz del Sur de Oruro se sumarán.
“Queremos que se respete, como se promulgó, para el 6 de septiembre. Vamos a hacer respetar esa ley (1304). Nosotros, ayllus guerreros. Nuestra lucha es contundente”, remarcó uno de los que dirigió el pronunciamiento.
Por su lado, el presidente del TSE, Salvador Romero, ratificó que los comicios se llevarán a cabo el 18 de octubre, puesto que advierte que las condiciones no se encuentran dadas para septiembre.
“La fecha está fijada, está definida”, dijo.
La Iglesia católica se pronunció con respecto a este escenario.
Criticó lo que evidencia como “confrontación política” innecesaria en la crisis sanitaria.
El Arzobispo Sergio Gualberti dijo: "El pueblo pide a los responsables del bien común que sobre todo prioricen la defensa de la vida”.
En su homilía, mencionó también, de acuerdo con ERBOL: “Estas acciones, además de ser un delito, son un pecado grave ante Dios y provocan la deshumanización de aquellos que las llevan a cabo y de sus víctimas".
