Por un lado Luis Arce Catacora admite que junto a Evo Morales, están detrás de las movilizaciones que pretenden defender una fecha, que a estas alturas solo le causa nostalgia al M.A.S, al mismo tiempo el Tribunal de Garantías de Chuquisaca concedió la tutela a una Acción Popular, interpuesta en contra de la celebración de los comicios mientras dure la Pandemia. Ambos hechos revelan con absoluta claridad lo que se disputa en Bolivia, que no es otra cosa que la lucha, entre quienes quieren que regrese el autoritarismo y quienes aspiran a que vuelva a funcionar el Estado de Derecho, una paradoja que está presente en la política desde hace más de catorce años y de la que será muy difícil salir, no importando quienes sean los vencedores y quienes sean los vencidos. Precisamente porque existe un partido político que acepta públicamente que actúa desde la confrontación y que no reconoce ni la autoridad política y menos la autoridad de la ley y por otro lado existe una debilidad institucional que nos lleva de tumbo en tumbo y que aunque sea timorata de vez en cuando nos sorprende con algún fallo que defiende el orden constitucional y la independencia de poderes. Lo que está claro es que mientras existan ambages para aplicar la legalidad y ajustarse a las reglas institucionales, continuará la incertidumbre en el País, será todavía politizada la crisis sanitaria y no se podrá reactivar la economía, porque se sigue tolerando una manera de hacer política totalmente destructiva e irresponsable, en otras palabras unos pecan por acción y otros por omisión. La fecha del 18 de octubre sería provisional, sí se acata la decisión judicial, un camino sencillo, una elección fácil en cualquier Estado donde exista coherencia institucional y eficacia normativa, algo que por supuesto está en duda en el caso boliviano, cuyo Tribunal Supremo Electoral tiene ante sí, un fallo que establece un plazo de diez días a partir de la notificación con la sentencia, para que se defina administrativamente una fecha, basada en los informes del Comité Científico del Ministerio de Salud, de forma que pronto sabremos sí continúan los rodeos y las evasivas o sí finalmente se actúa conforme a derecho y a las directrices del sentido común. Por otro lado, las declaraciones de Arce Catacora, aunque sean una simple revelación de algo que ya se sabía, sirven para que se comience a debatir acerca de la postura de esa fuerza política, que en reiteradas ocasiones dejó establecido, que piensan acatar solo las decisiones que les favorecen y que además sigue creyendo que puede imponerlas, bajo ese criterio ante la posibilidad de que sufran una derrota inapelable, con seguridad su postura será la de rechazar los resultados. Al parecer ya es tiempo de que las preguntas se hagan, sería muy saludable un sinceramiento político, los debates son una necesidad impostergable, porque más allá de cuando se irá a votar, lo que interesa es que tengamos garantías para nuestra salud, además de transparencia e imparcialidad del árbitro electoral y dejemos de recibir amenazas y chantajes, de quienes ya nos revelaron su postura, solo resta saber qué respuesta tendrán, de quienes deberían tener una posición diferente.