La acción gubernamental para contener la pandemia de Covid-19 y mitigar sus consecuencias, que afectan la vida de la gente en todos sus aspectos, está provocando “una progresiva pérdida de confianza en las autoridades. En muchos países el apoyo a los gobiernos está cayendo este mes”, constata un estudio reciente de la consultora global Kekst CNC, una firma que tiene oficinas en 13 países, y cuya misión es “desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación integradas necesarias para mantener la confianza” de sus clientes: grandes empresas e “instituciones globales”.

Las constataciones del estudio que Kekst CNC realizó en seis países –cinco europeos y EEUU– coinciden con los resultados de la última encuesta de opinión de Mercados y Muestras, publicada hace pocos días por Los Tiempos.

En efecto, de manera similar a lo que ocurre con los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Japón, Suecia y EEUU, la aprobación ciudadana a las acciones de la Presidenta Jeanine Áñez ha sufrido un descenso. En el caso de aquellos países, en una proporción que oscila entre tres siete, respecto de lo registrado hace un mes. Y en el caso de Bolivia en ocho, respecto de febrero.

Pero la percepción que tienen los bolivianos respecto a si el país va por buen o mal camino ha sufrido un cambio muy significativo. Mientras que en febrero un 35% consideraba que íbamos por buen camino, en julio ese porcentaje es de solo un 25%.

Peor aún, en cuatro meses, el porcentaje de quienes consideran que Bolivia va por mal camino pasó de 37 a 57%. Esos 20 puntos porcentuales de diferencia muestran bien la desazón que sienten los bolivianos respecto a cómo han cambiado las condiciones de vida desde la irrupción de la pandemia de coronavirus en el país, los primeros días de marzo.

“Muchos ciudadanos piensan que las cifras de muertes e infecciones son mayores que las oficiales”, señala el estudio de la consultora Kekst CNC como explicación de la pérdida de confianza ciudadana en sus autoridades estatales. Aunque la encuesta de Mercados y Muestras aplicada en el país excluye esa información específica, parece razonable aplicar también a Bolivia un juicio similar, considerando, por ejemplo, las diferencias entre las cifras de decesos atribuidos al coronavirus que difunde cada día el Ministerio de Salud y las de cadáveres levantados por la Policía de calles y domicilios.

Más aún cuando es imposible determinar si esos decesos extrahospitalarios no son por causa de la Covid-19, debido a la carencia de pruebas de diagnóstico. Y el desencanto de los bolivianos con su Gobierno es también resultado de los casos de corrupción atribuidos a altos funcionarios de Estado.