Este sin duda ya puede ser considerado como el proceso electoral más complejo de la historia de nuestra democracia. Primero se produjo la inesperada renuncia de Evo Morales, acosado por multitudinarias manifestaciones de rechazo, y el fraude cometido por el MAS hizo que una ley anulara los comicios de 2019 y llamara a nuevos, inicialmente previstos para el 3 de mayo. Luego la crisis sanitaria mundial llegó al país con una severidad inusual, que ha forzado a posponer las elecciones tres veces.

En las dos decisiones anteriores, tanto para mover la fecha para el 2 de agosto y luego para fijarla el 6 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral aceptó que fuera el Órgano Legislativo el que definiera la fecha. En el segundo cambio incluso motivó una serie de conversaciones con dirigentes políticos para establecer el nuevo calendario.

Lamentablemente, la expansión del coronavirus no ha podido ser detenida en el país y la cantidad de contagiados y fallecidos ha aumentado grandemente en los últimos dos meses. Eso hizo que las presiones para cambiar nuevamente el día de los comicios fueran crecientes y comprensibles. Muchos votantes simplemente no iban a acudir a emitir su sufragio y los que lo hicieran se verían expuestos a contagios. La posibilidad de que se produjera una aceleración de la enfermedad era evidente.

Ante ello ha actuado bien el TSE al definir una nueva fecha para las elecciones, fijándolas para el 18 de octubre, es decir dentro de poco menos de 90 días. Todos esperamos que para entonces la situación de salud haya mejorado. Parece, a estas alturas, imposible una nueva postergación.

Un fallo del Tribunal Constitucional a principios de año, que le dio legitimidad a la asunción de la presidenta Jeanine Añez, estableció que tanto las elecciones como el traspaso de mando debía realizarse durante este año. Por eso es que tampoco se puede posponer la fecha por más tiempo. El 29 de noviembre se realizaría la segunda vuelta y el nuevo Presidente o Presidenta tiene que posesionarse antes de las fiestas de fin de año.

El presidente del TSE, Salvador Romero, reconoció que en esta última ocasión ya no realizó las consultas de las fases previas y que se tomó la decisión de convocar a las elecciones sin consultar al Legislativo debido a que el organismo electoral tiene esa potestad. Ha actuado bien, porque el MAS, que domina la Asamblea, se opone a un cambio de fecha.

Desde hace meses que se le demandaba, desde distintos sectores, que el TSE actuara como lo que es, el cuarto poder del Estado. Entre sus facultades están, por supuesto, definir todos los aspectos de los procesos electorales. Entre ellos está fijar la fecha de los mismos en una situación como la actual, en la que el período constitucional “oficial” (de cinco años) no está vigente.

Si bien la mayoría de los sectores políticos, empresariales y sociales han respaldado la decisión, desde los dos extremos de la política nacional han surgido los rechazos. Son los que quieren llevar al país a la confrontación si es que su cálculo egoísta no se cumple. De un lado está el MAS, que a través del expresidente Evo Morales ha emitido varios mensajes de Twitter contra esta decisión, calificándola como inconstitucional. En consonancia, sectores como la COB, los cocaleros del Chapare, las bartolinas y otros han anunciado marchas y otras medidas para que el TSE dé marcha atrás en su disposición y las elecciones se realicen como estaba previsto, el 6 de septiembre.

Por otro lado está el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, que ha criticado también el cambio de fecha y ha señalado que, en realidad, apuesta a la anulación de todo el proceso electoral para que se organicen comicios desde cero y que se celebren a mediados de 2021. Camacho, respaldado por los cívicos, intenta así recuperar algo de la popularidad que tenía.

Mientras tanto, se debe permitir al Tribunal Electoral realizar su trabajo de manera independiente y sosegada. Lo que está en juego es, nada menos, que la democracia boliviana.