Uno de los accionantes, el abogado y exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, informó que este fallo obligó al TSE postergar las elecciones hasta el 18 de octubre, tomando en cuenta que el informe del comité científico establece la amenaza y el riesgo inminente de la expansión extensiva de los casos de covid-19.
“Este fallo se tiene que cumplir si no hay condiciones de salud para la realización de las elecciones generales el 18 de octubre, este proceso no se llevará adelante, entretanto no existan las condiciones de seguridad y protección de que bajó la curva de contagios”, enfatizó.
El abogado informó que el TSE había fijado la fecha de elecciones generales para el 6 de septiembre poniendo en amenaza y riesgo inminente la salud de los ciudadanos bolivianos con la pandemia del covid-19 que está en ascenso sostenido y expansivo.
Gareca y un grupo de abogados demandó la protección del derecho humano a la salud pública de todos los bolivianos y que no se puede realizar elecciones generales el 6 de septiembre, cuando el informe científico del lunes 20 de julio, estableció que no estaban dadas las condiciones para los comicios.
“El Tribunal ha valorado y argumentado en base a nuestra prueba de informes epidemiológicos de que efectivamente el TSE, en lugar de resguardar la salud, está haciendo prevalecer la política, por eso ha declarado la tutela con relación al Presidente del TSE, que fue el autor del proyecto de ley que fija las elecciones para el 6 de septiembre”, aseguró.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, en audiencia virtual del pasado jueves, ordenó al Presidente y la Sala Plena del TSE fijar las elecciones generales de acuerdo con el informe científico del Ministerio de Salud.
Ese mismo día, el TSE dispuso la postergación de los comicios para el 18 de octubre ante el rechazo de sectores y organizaciones sociales afines al MAS, que además anuncian marchas y protestas a partir de la próxima semana.
El 29 de junio, Gareca y sus colegas, Tathiana Echalar, Alberto Morales y María Rivero, presentaron una acción popular contra la fecha de las elecciones, argumentando que amenaza y pone en riesgo el derecho colectivo a la salud.
La demanda fue interpuesta contra el presidente del TSE, Salvador Romero; la presidenta del Senado, Eva Copa; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, y la presidenta Jeanine Áñez. Aunque el Tribunal de Garantías otorgó tutela solo respecto del presidente del TSE.
