“Las Naciones Unidas reiteran su plena confianza en el profesionalismo e independencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y en su compromiso con la realización de la tarea histórica que le corresponde cumplir antes de concluir el año 2020, de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional”, dice una declaración del enviado personal del Secretario General, Jean Arnault, y de las Naciones Unidas en Bolivia.

Horas antes, el TSE anunció que las elecciones se postergarían del 6 de septiembre al 18 de octubre, debido a que el pico de los contagios de coronavirus se espera en un rango cercano a la primera fecha. El Tribunal enfatizó que si intención es posesionar nuevas autoridades antes de que termine el año.

En su pronunciamiento, la ONU recordó que “los vocales del TSE fueron elegidos en base a sus méritos hace siete meses por todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional” y que su presidente Salvador Romero “fue designado debido a su reconocida e impecable trayectoria en materia electoral”.

“El TSE, al igual que los Tribunales Electorales Departamentales, han enfrentado una situación de excepcional complejidad en la vida política del país, agravada ahora por el flagelo de la pandemia covid19. Frente a estos desafíos, la ONU ha sido testigo del valor y compromiso que han manifestado en su desempeño.  El rol de los hombres y mujeres que integran el OEP en estas difíciles circunstancias es fundamental para el éxito del proceso electoral y, por ende, de la pacificación del país”, sostiene la declaración.

La ONU expresó su deseo de que “la fecha definitiva de la elección contribuya a la más amplia participación posible en el proceso, la campaña y la jornada electoral” y que se favorezca la observación internacional.

Llamó a que todos los actores sociales y políticos, así como las instituciones relevantes del Estado, cooperen activamente a que el proceso concluya exitosamente con nuevas autoridades electas democráticamente antes de finalizar el año 2020. 

Pidió también a los líderes políticos y sociales a propiciar un clima de respeto a la autonomía del Órgano electoral y evitar “presiones indebidas”.