“El anuncio del TSE es un abuso y una arbitrariedad. Viola las leyes 1266, 1297 y 1304 que establecen que el Tribunal puede establecer la fecha de elecciones como máximo, el 6 de septiembre de 2020. Esta decisión unilateral y arbitraria, sobrepasando a la Asamblea Legislativa Plurinacional, expone a los vocales a una eventual responsabilidad”, advirtió la representación política del MAS.

A través de un comunicado público el partido con mayoría parlamentaria exigió al Tribunal que respete la Constitución y las leyes para la celebración de las elecciones generales.

Con una crítica contra el Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez, el MAS manifestó que el Tribunal tiene el desafío histórico de cumplir con el pueblo boliviano para que pueda contar con un Gobierno legítimo y democráticamente elegido, desarrollando las elecciones con las medidas de bioseguridad correspondientes el 6 de septiembre de 2020, como fue consensuado. De lo contrario, dijo que el país estará frente a un golpe a la democracia y una provocación al pueblo boliviano.

“El Gobierno transitorio, utiliza irresponsablemente la pandemia con fines políticos para prorrogarse en el poder y dejar hoy a Bolivia, en una crisis económica, política y sanitaria sin precedentes. La multiplicación exponencial de casos, la falta de medidas de bioseguridad, de pruebas masivas y de hospitales colapsados, son prueba de ello”, expresa el comunicado.

Decisión del TSE

Este jueves, luego de considerar consejos de orden científico, legal y sociopolítico en torno a los efectos de la pandemia del coronavirus, el presidente del TSE, Salvador Romero informó que el ente electoral resolvió fijar la fecha de la elección general, el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre.

“La fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los Tribunales Departamentales. Son ganancias que repercuten en beneficio de la legitimidad del proceso electoral sin que se presenten inconvenientes de consideración”, afirmó Romero.

Destacó que, la Resolución aprobada por los vocales, es suficiente para fijar la fecha de las elecciones, por lo que no requiere de una resolución de la Asamblea Legislativa. Asimismo, reconoció no haber consensuado la nueva fecha ni con los actores sociales ni políticos del país.