La auditoría se adelantó a pedido del alcalde José María Leyes, luego de la denuncia de la concejal Rocío Molina (MAS) por el presunto sobreprecio de las mochilas.

Molina manifestó que las mochilas por las que el municipio iba a pagar 100 y 145 bolivianos costaban, según las facturas, 26 bolivianos. Y además se compraron anticipadamente en junio y agosto en la China. Entonces, aseveró que los empresarios invirtieron 2,7 millones de bolivianos y ganaron una adjudicación de 12,4 millones.

Ayer, el director de Auditoría informó que verifican las cotizaciones que se solicitaron para establecer el precio. “Estamos viendo ese tipo de confirmaciones. En base a eso veremos si el precio referencial que ellos obtuvieron era el adecuado y de las tiendas que correspondían”, explicó.

La Alcaldía adjudicó la compra de 91.835 mochilas, 16.685 para inicial y 74.700 para primaria, por 12,4 millones de bolivianos a la Asociación Accidental 26 de Febrero, conformada por las empresas MSPC y Mane Comp, representadas por Juan de Dios Morales, María René Ramírez y Néstor García.

El director expresó que desde el 3 abril revisan el proceso desde el origen, “porque si desde ahí se falló (…) se ha incurrido en error”.

Primeros indicios

Bustos explicó que en 2017 ya detectaron que el proceso tenía vulnerabilidades y se programó una auditoría para el segundo semestre de 2018. “Detectamos que había indicios de responsabilidad por la función pública”, declaró.

Añadió que el Alcalde instruyó la auditoría primero verbalmente y luego por escrito. “Se detectó alguna vulnerabilidad en los procedimientos y por eso dijimos que hay indicios de responsabilidad con la función pública y cuando entremos a la auditoría, este año, íbamos a entrar a mayor profundidad para hacer los procedimientos más claros y precisos”, declaró. Además de

Auditoría Interna, la denuncia se investiga en Transparencia.

DATOS

Presentan apelación del alcalde J. María Leyes. La defensa del alcalde José María Leyes presentó ayer la solicitud de modificación de medidas cautelares ante el Juzgado Cautelar. El plazo para la atención es de 3 días.

Concejal: “Millones más, millones menos”. Rocío Molina manifestó ante la deuda que tienen los importadores con la Aduana Nacional, de 1,3 millones adicionales a la inversión de 2,7 que hicieron, que “millones menos o más, existieron delitos” en la adquisición.

Consultarán si Alcalde contará con sueldo. El Concejo consultará si el alcalde José María Leyes percibirá su salario.

COCA DICE QUE LE MIENTEN AL ABOGADO DEL ALCALDE

“Al doctor Trigo le están mintiendo”. Así respondió ayer el concejal Carlos Coca (Demócrata) a las declaraciones del abogado del Alcalde, Humberto Trigo, que el martes dijo que el legislador designó como “Abogado I” a Catalino Morales, hermano del empresario involucrado en el caso de las mochilas, Juan de Dios Morales Espinoza.

Coca informó que Catalino fue designado con un informe de Recursos Humanos. “Quiero aclarar que como presidente y secretario, Édgar Gainza y Carlos Coca, nos competía firmar el memorándum, pero ninguno de los concejales tenemos cercanía con Catalino Morales”, declaró.

ADUANA FISCALIZA IMPORTACIÓN DE LOS BOLSOS Y TIENE 10 AÑOS DE PLAZO

La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó ayer que fiscalizan la importación de las 91.385 mochilas .

Añadió que la deuda de 1,3 millones de bolivianos que tienen los empresarios, como sostiene la defensa del alcalde José María Leyes, no es definitiva.

Ardaya dijo: “Se ha dado un resultado preliminar para que (el importador) presente información; pero, no es nada definitivo”. Y remarcó que dispone de 10 años para concluir la verificación.

Antes, el abogado del alcalde, Humberto Trigo, declaró que los importadores, René Juan de Dios Morales y María René Ramírez, se sometieron a un “arrepentimiento eficaz” por omisión de tributos.

A partir de estos nuevos datos, Trigo asevera que la mochila no vale 26 bolivianos, como denunció la concejal Rocío Molina al pedir que se investigue un presunto sobreprecio, porque los registros dan cuenta de que los importadores invirtieron 2,7 millones de bolivianos para cobrar los 12,4.