Los políticos que están en carrera electoral tienen las manos atadas porque la pandemia no los deja actuar como quisieran; la presidenta Añez tiene ventaja porque su gobierno decide la asistencia estatal, a través de bonos y facilidades financieras que es aprovechada para proyectarla como una dignataria que comprende y entiende la necesidad de los bolivianos, aspecto que ha sido criticado porque consideran parte de su campaña electoral por algunos candidatos como Carlos Mesa. Pero también el aspirante a la presidencia del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, cuenta con el apoyo del Poder Legislativo, que manejan los masistas, para criticar las decisiones del gobierno transitorio sobre la pandemia y frenar los préstamos de organismos internacionales.

Mientras se produce el enfrentamiento mediático entre los principales candidatos, la falta de la actividad productiva está golpeando muy fuerte, por ejemplo el presidente de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de Bolivia, Néstor Conde, señaló que al menos 100.000 pymes se declararon en quiebra ante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Si se multiplica por cinco trabajadores que al menos tiene cada una de ellas, se perdieron por lo menos 500.000 fuentes de trabajo. Habrá que ver cuánto está afectando a las medianas, grandes empresas y al sector informal.

Por eso, además del panorama económico, el político y social son muy críticos también porque en este tiempo de pandemia y transición no se han logrado cerrar las heridas que se produjeron en noviembre convulsivo del año pasado y estamos ante la incertidumbre del futuro de nuestra democracia. El fuego cruzado no ayuda en nada, los enguerrillamientos y las posiciones democráticas irreverentes,  lo único que hacen es profundizar la crisis en general.

Lo que se necesita de la clase política y, principalmente de los candidatos, es que enfrenten este momento con la mayor hidalguía posible y busquen consensos mínimos para lograr cierta convivencia y posibiliten un horizonte de mediano alcance. Ojala que el cálculo político y la ambición desmesurada no siga perjudicando la atención adecuada de los enfermos de Covid 19 y no condene a la pobreza y miseria a muchos bolivianos.

Ya en noviembre pasado, después de 21 días de zozobra en nuestro país,  exactamente el 22 de ese mes, el Gobierno de transición, el Movimiento al Socialismo (MAS), la Conferencia Episcopal de Bolivia y el  enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas, Jean Arnault, suscribieron un acuerdo de diálogo para “superar la crisis, proteger la vida, contener y prevenir la violencia, velar por el respeto a los derechos humanos, promover el diálogo y asegurar la celebración de un proceso electoral transparente, creíble e inclusivo al más breve plazo posible”.

No creo que la crisis de la pandemia y la carrera electoral haya hecho olvidar ese acuerdo. De todas formas, en junio pasado la representante de las Naciones Unidas se sentó junto al gobierno de Jeanine Añez para firmar el proyecto “Apoyando el diálogo y los derechos humanos para la construcción de paz en Bolivia”. Obviamente que con este esfuerzo se intenta generar las condiciones mínimas para lograr acercamientos entre los actores políticos, la consolidación de la institución democrática en el país y el desarrollo de un proceso electoral que permitirá la pacificación en nuestro país.

Susana Sottoli, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia, en la entrevista que le realizó un medio local, señaló que “el proyecto completa, implementa, operacionaliza la iniciativa de Naciones Unidas de noviembre de 2019. Refleja uno de los mandatos centrales de Naciones Unidas para promocionar un clima de paz, de un diálogo constructivo para la gobernabilidad y el apoyo decidido a la construcción de una agenda de desarrollo con inclusión. Ojalá ese esfuerzo no sea en vano.