El Tribunal Supremo Electoral (TSE), dirigido por Wilma Velasco y obsecuente a los dictados del MAS, aplicaba así la draconiana ley 026, promulgada en junio de 2010 por el entonces presidente Evo Morales, y que, a todas vistas, es inconstitucional porque vulnera el derecho a la libre expresión, a la participación política, al pluralismo, a la democracia.

 El artículo 136, inciso 3, de la citada ley dice que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

Y así fue cómo el MAS se hizo de la gobernación del Beni, la que nunca hubiera podido ganar limpiamente en las urnas. Nadie olvida esa y otras arbitrariedades del MAS, como la decisión de anular los votos del FRI en Chuquisaca, también en 2015, de tal manera que el candidato oficialista, Esteban Urquizu, aumentara su porcentaje sin incrementar sus votos y fuera reelecto sin ir a la segunda vuelta. Esos gobernadores ingresaron por la ventana, tal como pretendía ingresar Evo Morales a su cuarto mandato. 

La pregunta es si las fuerzas políticas que ahora exigen la inhabilitación de la sigla del MAS quieren repetir la historia de arbitrariedades cometidas por el MAS.

La Bolivia democrática luchó, en octubre y noviembre del año pasado, no sólo para que Evo Morales abandonara el poder por haber cometido fraude electoral, sino porque estaba en contra del abuso, del autoritarismo, del despilfarro, de la corrupción y la persecución. Por consiguiente, lo que esa Bolivia democrática quiere ahora es que se recupere la democracia, el pluralismo, la transparencia, la sensatez y el respeto a la Constitución.

El candidato del MAS, Luis Arce, difundió los resultados de una encuesta en un programa de televisión, tal como lo hizo Carmelo Lens en 2015 en una conferencia de prensa. La aplicación de la letra muerta de la ley derivaría en la inhabilitación no sólo del candidato, sino la sigla del MAS. Y, entonces, sin piedras en el camino, sus rivales podrían llegar al poder tal vez en primera vuelta. 

Pero, quienes quieren que eso suceda ¿se han puesto a pensar en las consecuencias de ese acto? No porque el TSE anule la sigla del MAS, ese partido, que por ahora tiene la mayor preferencia electoral, va a dejar de existir. Por el contrario, existe el riesgo de que el país se vea confrontando y que  los más humildes de uno y otro bando tengan que ofrendar sus vidas para resolver una crisis generada por sus líderes.

Lo más sensato es que el país asuma con madurez la transición política y que sus líderes sean capaces de discernir entre aquello que ayuda a fortalecer nuestra democracia y aquello que la pone en riesgo. El país está gobernado todavía por las leyes y hasta por las estructuras heredadas del MAS. Será un largo y tortuoso trabajo desmontar esa maquinaria autoritaria, pero en algún momento hay que empezar. 

Tal como dijo el exalcalde de La Paz, Ronald MacLean, los partidos democráticos deben ganarle al MAS en las urnas, de forma limpia y con un Tribunal Supremo Electoral transparente.

Luego de años de tener vocales electorales al servicio del MAS, el país cuenta con un TSE transparente y confiable, pero la cantidad de ataques que a diario recibe de parte de los actores políticos están horadando su imagen y eso es peligroso porque podría llevar a que tal o cual partido sienta la tentación de replicar la práctica masista de nombrar vocales obsecuentes.

Presionar al TSE para que inhabilite a un candidato, sin leer adecuadamente la realidad, puede ser un camino corto y fácil al poder, pero que lleve al país directamente al precipicio.