No hay duda que estamos frente a una crisis institucional sin precedentes que deriva en un vacío de autoridad que brota por todos los rincones del país. Los oficialistas se rasgan las vestiduras por lo ocurrido recientemente con el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, pero olvidan que esa autoridad es producto del fraude electoral y que en este momento está tratando de ponerle paños fríos a un conflicto que el propio oficialismo atizó con mentiras y trampas, con manipulación de las leyes y tantas otras estrategias envolventes que hoy se le vuelven en contra. Si vamos a considerar como un exceso lo ocurrido en Sucre, se debería tomar en cuenta todos los oprobios cometidos contra decenas de autoridades en el contexto del golpismo auspiciado por el régimen.

En La Ramada se rebelan contra la Alcaldía. Qué se puede esperar de un sector que ha sido usado políticamente hasta el cansancio, que ha ocupado sitiales de honor en el Concejo y en el ejecutivo municipal y que ahora tiene a uno de sus máximos exponentes, Jesús Cahuana, buscando imponer un reordenamiento a su conveniencia. Por más instalaciones que se construyan y por más razones que tenga el municipio para actuar, la relocalización cae en descrédito cuando se producen todos esos dobleces y cálculos que son aprovechados por los comerciantes para resistirse.

Lo que ocurre es que las leyes están mal hechas, las políticas no obedecen el interés público y cualquier medida que impulsa el Gobierno lleva puesta las ambiciones de grupos particulares enquistados en el poder. En Los Yungas ya no dudan que existe un plan para arrinconar la coca legal y darle paso a la hoja del Chapare, cuyo destino es casi exclusivo para el narcotráfico. Precisamente los contrabandistas, que han creado verdaderas zonas de exclusión con cientos de comunidades al servicio de sus actividades, no entienden cómo se les quiere meter bala, mientras que a sus primos hermanos, los exportadores de cocaína, los tratan con guante de seda.

Por último, la ciudadanía observa cómo el oficialismo trata a sus compadres, cómo abre las manos y derrocha sin control cuando se trata de armar un espectáculo como los juegos Odesur y por otro lado desconoce las verdaderas necesidades de la gente. La población desconfía, deja de creer y por último le pierde el respeto y deja de obedecer, como sucede con los chuquisaqueños que no aceptan leyes, resoluciones ni estudios o con las autoridades cruceñas que han anunciado que acatarán los resultados de la nueva investigación que realiza YPFB en el campo Incahuasi, pues anticipan que simplemente es una treta que busca seguir torciendo las cosas.

Las leyes están mal hechas, las políticas no obedecen el interés público y cualquier medida que impulsa el Gobierno lleva puesta las ambiciones de grupos particulares enquistados en el poder.