Con base en este artículo se presentaron siete denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dejar fuera de la carrera electoral a todos sus candidatos; debido a que el candidato de esa tienda política, Luis Arce Catacora, difundió resultados de una encuesta interna en un canal televisivo, hace unas semanas atrás.

Al respecto, uno de los miembros de plataforma ciudadana UNO, Carlos Derpic, señaló que el pronunciamiento que sacaron no es para defender al MAS porque el Órgano Electoral tiene el deber de dar una respuesta al problema que se planteó sobre la personalidad jurídica del partido en cuestión. “El Tribunal analizará si ha cometido (un delito electoral), (o) no ha cometido, si hay que quitarle la personalidad jurídica o no”, apuntó.

“Si usted se fija, este es un artículo terrible, que atenta contra el derecho de libre expresión, de difusión de información y el hecho de informar libremente; y en dos casos por lo menos, (promueve) la cancelación de la personalidad jurídica”, señaló Derpic.

El artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral señala que las personas, medios de comunicación y organizaciones políticas serán sancionados cuando difundan resultados de encuestas preelectorales, encuestas en boca de urna, conteos rápidos y otros estudios de opinión, con fines electorales cuando estén fuera de las fechas señaladas por el calendario electoral, sin estar habilitados por el Órgano Electoral o que no cumplan con los criterios técnicos.

Indica que medios de comunicación serán sancionados con la inhabilitación para difundir estudios de opinión en materia electoral en lo que reste del proceso electoral actual y el siguiente proceso electoral.

En relación a las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio, serán sancionadas por la entidad electoral con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica, subraya la norma.

Para la plataforma UNO, es un artículo contrario a los instrumentos de derechos humanos y contrarios a la propia Constitución Política del Estado (CPE) en el tema de la libertad de expresión. Asimismo, considera que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica.

Durante el proceso electoral anulado de 2019, el TSE de aquél entonces emitió un comunicado en el que señaló que una encuesta nacional, realizada por la Universidad Mayor San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo, entre otros medios, no podía ser difundida porque tenía supuestos errores técnicos y porque supuestamente no estaba claro el financiamiento de la misma.