No pudiendo lograr su objetivo, en Senkata, La Portada, Kara Kara, Villa Ingenio, etc., afinaron su estrategia, y determinaron ingresar por donde creen que el pueblo acudirá dócilmente en su defensa, como es el de iniciar una audaz acción jurídica dirigida a la cancelación de su propia sigla electoral, a raíz de un ardid muy bien montado, como fueron las declaraciones de prensa en que su candidato desveló unas encuestas internas de su partido, a sabiendas de la ilegalidad de su acción por la expresa prohibición del artículo 136 de la Ley Electoral vigente, y por la suficiente jurisprudencia existente. Cabe recordar que, por ese mismo motivo, en el año 2015 se anuló la candidatura de Ernesto Suárez a la Gobernación del Beni, y a más de 227 candidaturas, acto que ocasionó huelgas de hambre donde incluso participó la actual presidenta Jeanine Áñez.

Siguiendo con el discernimiento del “bloqueador prófugo”, título que le agrada más que el de ex presidente, ante el “traspié” de su candidato, al Tribunal Electoral no le quedaría otra alternativa más que cancelar la sigla del MAS de la carrera electoral, decisión que el prófugo acaricia frenéticamente, para encender la llama de la sublevación, pues la compara con su propia expulsión del Parlamento un día de Alasita del año 2002; revocada siete meses después por el Tribunal Constitucional, hecho que lo catapultó a la presidencia de la Nación.

De no cumplir dicha determinación, el TSE estaría contraviniendo la Ley y daría pábulo a suspicaces entendimientos con el MAS, en detrimento de los otros partidos que gustosos sacarían provecho de tal acción. Es más, en la supuesta y peregrina salida de modificar el Calendario Electoral, aduciendo que éste recién comienza el 23 de julio, absolvería a Arce Catacora de su metida de pata, caso en que el remedio sería peor que el virus, pues es suficientemente conocido y oficialmente público, que dicho calendario tuvo inicio el pasado 25 de junio, según Resolución de Sala Plena del TSE, N. 162/2020.

Siendo la política el arte de hacer posible lo imposible, consideramos que la solución a este problema prefabricado en laboratorios del Chapare y la Argentina, debería resolverse con la suspensión de las elecciones por parte del TSE, hasta 45 días después que los organismos científicos de salud hayan certificado que la pandemia ha concluido, y los bolivianos podamos acudir sin riesgo a las urnas. Asimismo, aprovechar ese interregno de tiempo para levantar un Censo de Población que nos brinde datos fiables, sobre los cuales podamos elaborar un nuevo padrón electoral y modificar la Ley Electoral que nos indujo a semejante estropicio; en suma, re institucionalizar al país, e ingresar a una nueva fase del Estado sin visos de convulsión o sedición, que hoy representan un dilema.