Sin embargo, existen proyecciones sobre la evolución de la pandemia en Bolivia que indican que el 6 de septiembre sería irresponsable, además de altamente riesgoso para la salud pública, celebrar comicios.

El proceso electoral fue primero convocado para el 3 de mayo, pero, por efecto de la crisis sanitaria y la cuarentena, quedó en suspenso. Luego se aprobó, por imposición del MAS en el Legislativo, la segunda fecha del 2 de agosto, que luego fue modificada para este 6 de septiembre.

El tiempo continúa corriendo, y como los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional han comenzado a operar como una tenaza política y electoral puesta al servicio de ese partido político, en el país no está siendo posible tomar decisiones responsables y racionales. Esto con el añadido de que, desde que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez se convirtió en un actor electoral más, perdió el norte de sus responsabilidades prioritarias.

Otro aspecto que complica aún más el panorama político es que todas las autoridades departamentales y municipales se encuentran también prorrogadas en sus mandatos y necesitan ser cambiadas por autoridades legítimas tan pronto como en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país están institucionalmente debilitadas y se hallan inmersas en pugnas políticas que han dificultado la gestión de la pandemia en sus respectivas jurisdicciones, lo mismo que el Gobierno nacional y la Asamblea Legislativa.

Todas las instituciones del Estado necesitan ser renovadas por la vía electoral cuanto antes, lo ideal sería que eso ocurra este mismo año, pero en una fecha que no implique exponer la salud y la vida de las personas.

En ese marco, surge como una posibilidad la necesidad de debatir la anulación del actual proceso electoral y la convocatoria inmediata de uno nuevo para que el país pueda elegir, si es posible de manera simultánea y antes de diciembre de 2020, a sus nuevos Presidente, Vicepresidente, asambleístas nacionales, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales.

La pregunta es si nuestras autoridades y los actores políticos con aspiraciones electorales podrán encontrar los puntos de consenso que conjuguen una acción propositiva y responsable respecto del manejo de la emergencia sanitaria, con una actitud razonable acerca de las elecciones que el país tiene pendientes.