Hasta ayer sumaron siete denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a través de la Sala Plena admitió las presentadas por Juntos y Creemos y notificó al MAS para que en un plazo de 48 horas realice sus respectivos descargos.

La denuncia señala que el candidato a la presidencia Luis Arce Catacora difundió a través de medios de comunicación televisivos una encuesta interna de intención de voto de manera anticipada, lo que vulnera el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral.

Ante esta situación, el MAS envió una acción concreta y otra abstracta de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra del Régimen Electoral, que suspende la personería jurídica cuando un partido difunde los resultados de una encuesta.

Con el recurso, se busca bloquear las acciones del TSE en contra del partido de Morales, como ocurrió en 2015 con Unidad Demócrata (UD).

MOVILIZACIONES Entre tanto, las organizaciones sociales, a través del Pacto de Unidad, informaron que se declararon en emergencia y advirtieron que, si se suspende las elecciones o se quita la personería jurídica a su partido, irán a las movilizaciones.

“Sí o sí las elecciones del 6 de septiembre, porque ya se han suspendido demasiadas fechas. De no ser así, el pueblo se estará movilizando en las calles y será directamente responsable este Gobierno”, manifestó Henry Nina, ejecutivo de la Confederación de Interculturales.

Argumentó que para enfrentar la pandemia y la crisis se necesita de un nuevo Gobierno elegido constitucionalmente, porque considera que las autoridades transitorias están llevando el país hacia el “fracaso”.

“Si se trata de hacer una movilización, vamos a hacerlo, porque no podemos permitir que los partidos de la derecha, que no representan a la mayoría de este país, lo quieran eliminar (al MAS)”, acotó el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Teodoro Rueda.

El abogado Eduardo León presentó la séptima denuncia por la anulación de la personería jurídica de ese partido y se inhabiliten a sus candidatos. Las otras seis denuncias son de Rafael Quispe, líder de la agrupación Somos Pueblo, las plataformas 21F y las alianzas políticas Juntos, Creemos, Libre 21 y un grupo de abogados liderados por el exfiscal General Pedro Gareca.