Y es que la autonomía no nació porque la ley existe –desde el 19 de julio de 2010– en el espectro político boliviano, sino más bien, la autonomía es una demanda y derecho conculcado desde la visión centralizadora de autoridades, asesores, advenedizos y adláteres palaciegos en general, que no supieron otorgar mecanismos de desarrollo efectivos a su ciudadanía.

Por ello, la autonomía estaba ya presente en la voluntad de autodeterminación de los constituyentes de la Asamblea Deliberante de 1825, en las ideas revolucionarias de Lucas Mendoza de la Tapia o Andrés Ibáñez que pergeñaron con sus propuestas, entre tantas otras, una de las constituciones de más larga vigencia en nuestra historia, la de 1880, o incluso en la retórica estratagema del liberal José Manuel Pando que engatusó al “temible Willca” para ganar la guerra civil boliviana denominada por la historia como Guerra Federal.

Después de cabildos, manifestaciones y cierto tufillo intelectualoide de algunos analistas, la autonomía se puso en la mesa del debate constituyente después, incluso, de asistir al referéndum que consagraba la elección directa de autoridades, entre otras conquistas, desde los distintos niveles de gobierno, pero ¿qué se hizo con las autonomías una vez que se constitucionalizó y se promulgó la referida ley?

Lamento confirmar las sospechas del amable lector de estas líneas: se olvidaron de ella, la negociaron, la vilipendiaron en favor de un discursivo, caudillesco y siempre potable federalismo. Mucho peor aún, la desinstitucionalizaron: después de haber creado el Ministerio de Autonomías –además de no ponerlo a funcionar con profesionales adecuados o autoridades que posean el germen técnico– lo fueron achicando en atribuciones, minimizando en importancia hasta hacerlo parte del ministerio más político por su naturaleza: el de la Presidencia.

Sumado a ello, se fue dejando de lado el factor esencial de ejercicio efectivo de las competencias asignadas por la Constitución a los gobiernos autónomos. Eso fue el resultado de dos factores por demás demostrables y vinculados a una pésima implementación del régimen autonómico: a) la politización manipuladora que se ejerció sobre las entidades territoriales autonómas desde el nivel central del Estado, tratando de negociar obras o ejercicio efectivo competencial por apoyo político y b) la no generación de cultura autonómica que empodere al ciudadano con el conocimiento básico para defender lo que se conquistó y profundizar lo desarrollado.

Esos elementos tienen un responsable directo y ese es el Gobierno anterior, el del MAS-IPSP que, bajo el auspicio de ser una reivindicación de lo plural, reprodujo una de las taras más arraigadas que posee nuestra esmirriada cultura política democrática: el paternalismo del nivel central del Estado, radicado en el llamado “Kilómetro cero” del país, la Plaza Murillo.

La autonomía en Bolivia podría gozar de buena salud si recuperamos su institucionalidad, si sopesamos lo realizado hasta ahora y para ello realizamos el seguimiento de uno de pilares de la gestión autonómica en Bolivia, me refiero al Servicio Estatal de Autonomía (SEA) que, en estos escasos siete meses, procura renacer como el fénix y autonomizar Bolivia gestionando publicaciones que no solo produzcan un efecto informativo, sino también formativo, cápsulas autonómicas, un diccionario jurisprudencial autonómico, un balance del estado de situación de las autonomías, es decir, hacer autonomía con hechos y no con poses o palabras enardecidas, en redes sociales que son la plataforma de la desinformación si uno no recuerda quién es quién en nuestra coyuntura.

Al cabo de esos 10 años, entonces, se deben establecer responsabilidades, rescatar el empeño de varios gobiernos autónomos que intentaron hacer autonomía dentro del marco de lo posible, pero también se debe desechar la rancia forma de llevar adelante la institucionalidad autonómica y denunciar a los detractores de un régimen por demás ponderable si asumimos con consciencia que aún hay mucho por hacer, camino por recorrer y preguntas por hacer.