Nuestro país no es una excepción. Todo lo contrario, durante los últimos años las encuestas previas, y las hechas a boca de urna, llegaron a ser verdaderos faros orientadores de la ciudadanía.

Un ejemplo de lo dicho fue lo ocurrido en febrero de 2016, cuando se realizó el referendo para aprobar o rechazar el cambio constitucional para habilitar al binomio Morales-García. Como se recordará, en la etapa del cómputo de votos llegó a darse más credibilidad a los datos difundidos por las empresas encuestadoras y los medios de comunicación que las contrataron, que a los del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cuya credibilidad ya era dudosa. Se daba por sentado que los datos oficiales debían coincidir con los previstos por éstas y no al revés, como debería ser.

Eso significa que las encuestas inspiraron más confianza que el OEP. Fueron más fidedignas que los informes oficiales. Y ese fue un factor decisivo para el desenlace final pues cualquier intento de manipulación de los resultados hubiera sido inaceptable.

Se llegó a ese punto por dos factores convergentes. Por una parte, porque a diferencia de lo ocurrido en otros países, en Bolivia las previsiones de las empresas encuestadoras coincidieron, los últimos años, con un asombroso margen de precisión con los cómputos oficiales. Punto más o menos, con el comprensible e inevitable margen de error, todas demostraron que su labor era digna de confianza.

La última encuesta para las fallidas elecciones de octubre del año pasado –realizada por Mercados y Muestras, la misma empresa que realizó la que publicamos hoy– mostraba una diferencia de 7% de posibles sufragios entre el primer y el segundo candidatos más votados, resultado que el fraude, vehiculado por un OEP sometido al régimen del MAS, quiso torcer.

Las circunstancias actuales son diferentes: tenemos un Tribunal Supremo Electoral de intacta credibilidad y atravesamos una circunstancia excepcional resultante de la pandemia y sus efectos, por un lado, y del mandato de un Gobierno transitorio resultante de la sucesión constitucional, por el otro.

Así, como corresponde al complejo momento que vivimos, los datos que publicamos hoy son el resultado de un estudio cuyo alcance va más allá de los límites de una encuesta de preferencia electoral.