Con este jueves se cumplen 10 días de la movilización regional que reclama la anulación de una ley de límites en vigencia entre Santa Cruz y Chuquisaca por considerar que afecta derechos sobre el reservorio en disputa, ubicado en los límites de ambos departamentos.

Ayer hubo una pausa en la protesta para permitir a las familias abastecerse de productos de primera necesidad, ya que este jueves volvían las medidas de presión luego de haberse rechazado la propuesta de solución planteada por el Gobierno en un diálogo en Cochabamba. Además se decidió reforzar el bloqueo en Macharetí.

Desde el Gobierno se advierte de una intencionalidad desestabilizadora  y se identificó a Germán Gutiérrez, aliado del gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y hoy asesor del Comité Cívico de Chuquisaca, de alentar la conflictividad. Fue el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, quien fijó esa posición del Ejecutivo.

“Nosotros creemos que son fundamentalmente tareas y acciones de desestabilización política”, denunció y añadió: “Acá hay un propósito más allá del tema de reivindicación, generar desestabilización, generar un caos político que obviamente vaya no solamente contra el orden en el país sino sobre todo contra la estabilidad política”.

No hay por el momento visos de solución. Mientras en Chuquisaca exigen revisar los límites con Santa Cruz y derechos sobre Incahuasi, el Gobierno demanda respetar el fallo constitucional que establece en este caso la delimitación de límites interdepartamentales, que ya están definidos, y un estudio técnico para ver si el reservorio en disputa es compartido o no.

Además ofreció el desarrollo de más de 10 campos gasíferos en Chuquisaca. “Hemos agotado una perspectiva de solución”, afirmó Alessandri en una entrevista con la red Uno, aunque no descartó que de ser necesario se vuelva a la mesa del diálogo. Dijo que cree que se llegará a una solución una vez se conozca el estudio sobre el campo.

Para el 14 de mayo está anunciada la presentación del estudio encomendado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero ya uno primero determinó que el campo se encuentra en Santa Cruz, donde este jueves se reúne la Asamblea de la Cruceñidad, máxima instancia de decisión cívica, para definir acciones en defensa de ese recurso natural.

Vehículos del servicio público volvieron a ser apostados  este jueves en las calles de Sucre para retomar las protestas. Prácticamente Sucre se encuentra aislada por tierra y aire tras la suspensión de operaciones de la terminal aérea Alcantarí y la radicalización en la interrupción de vías.

Además, ayer partieron delegaciones para reforzar el bloqueo en Macharetí , uno de los mayores fectores de presión, ya que la carretera conecta con Argentina. Antes de que estos refuerzos legaran a la zona, la Policía intervino el bloqueo para garantizar el libre tránsito en medio de enfrentamientos y tensión.

Mientras tanto, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, se mantiene a buen recaudo luego de que el lunes fue correteado y agredido tras abandonar la asamblea en la que se decidió proseguir con la protesta. Nos obstante, desde su cuenta en Twitter, criticó la intevención.

“Condenamos por segunda vez la represión policial a nuestros hermanos y hermanas del #ChacoChuquisaqueño en #Macharetí. Nuestra solidaridad y apoyo a quienes sufrieron las agresiones desmedidas por las fuerzas policiales. Pido el repliegue de la policía para evitar más violencia” (Sic), escribió poco después de conocerse los hechos.

En la Justicia se desarrolla otra batalla. Un juez en Santa Cruz conminó a YPFB a descongelar y pagar las regalías retenidas a Santa Cruz, en tanto que la estatal petrolera pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mantener congelado el pago de regalías como lo había decidido como resultado de un recurso de Chuquisaca.

La situación tiende a complicarse aún más con la posible toma de medidas de presión de la Asamblea de la Cruceñidad. (10/05/2018)