Está en marcha una peligrosa campaña de asedio contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que pone en riesgo no solo los comicios generales de este año, sino el propio mecanismo electoral y, por tanto, la democracia boliviana. Esta actitud es antidemocrática e inaceptable. El riesgo es que al bloquear el camino de las urnas, se alientan escenarios de violencia y confrontación.

Sin duda, estamos ante uno de los contextos más complejos de nuestra historia democrática para organizar elecciones. Además de la severa crisis político-institucional derivada de los hechos de octubre y noviembre del año pasado, que dejó una polarización hasta hoy irreconciliable, afrontamos la pandemia del coronavirus, así como una fuerte crisis socioeconómica. En este escenario de incertidumbre es fundamental contar con autoridades y representantes electos, cuya legitimidad provenga del voto.

Tras el acuerdo político in extremis que permitió dejar “sin efecto legal” los fallidos comicios de 2019, logramos como país encaminar una salida electoral, y por tanto pacífica, a la crisis. Un componente fundamental fue la recomposición del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales, con nuevos vocales designados de manera concertada. Íbamos bien, con nueva convocatoria a elecciones, hasta que el Gobierno provisorio lanzó candidata, primero, y sobrevino la emergencia sanitaria, luego.

Hoy, más allá del debate político sobre la fecha de elecciones, hay fuerzas empeñadas en dinamitar la ruta electoral, que incluye los comicios subnacionales de 2021. Ya sea con fines de prórroga en mandatos transitorios, con arreglo al cálculo estratégico para mejorar sus números, o directamente buscando el salto hacia un régimen abiertamente autoritario, hay actores políticos y operadores mediáticos que no quieren elecciones. Con ese propósito buscan descalificar el sistema electoral y anular al árbitro.

Como si fuese un manual mal escrito, que se repite, se cuestiona la imparcialidad del TSE, en especial de su presidente Salvador Romero; se pone en duda el padrón biométrico, cuya confiabilidad fue certificada por una auditoría integral de la OEA; se miente sobre el peso del voto rural, aunque varios estudios demuestran lo contrario; se teje la narrativa del “fraude estructural”, como anticipo para desconocer los resultados de la votación; en fin, se exige la proscripción del MAS, fabricando motivos.

La última andanada de acciones de asedio contra el TSE, incluidas temerarias amenazas de cárcel, tiene que ver con la insostenible denuncia por la “difusión” de una encuesta. Buscan imponer por la fuerza una decisión política. En el fondo, estos actores antidemocráticos no quieren elecciones, al menos mientras no puedan ganarlas. Por ello las fuerzas democráticas del país debemos cerrar filas para blindar la institucionalidad electoral y preservar el mecanismo democrático. Lo demás es violencia.