«Vinimos a nombre la alianza Juntos y de millones de bolivianos, que lucharon durante 21 días en la calle y resistieron 14 años los abusos de poder del MAS, (…) a presentar la denuncia formal ante el TSE contra Arce y el MAS porque la Ley de Régimen Electoral prohíbe la difusión de resultados de encuestas internas», aseguró el diputado Tomás Monasterio (UD).

El legislador presentó dicha denuncia en la ventanilla del Órgano Electoral, acompañado del diputado Gonzalo Barrientos, la asambleísta departamental de La Paz, Claudia Bravo y la abogada Aida Camacho.

La denuncia se registra después de que el candidato presidencial Arce presentó, durante una entrevista con la televisora Abya Yala, los resultados de una encuesta interna de intención de voto, de cara a las elecciones del 6 de septiembre.

Monasterio precisó que el candidato vulneró el artículo 135 de dicha ley, que prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral, cuando «sean anónimos» o cuando hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, entre otros.

El legislador señaló que también incumplió, el parágrafo tercero, del artículo 136 que dispone que los partidos políticos que difundan los resultados de estudios de opinión en materia electoral serán sancionados por el Órgano Electoral con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica.

«Esta demanda está bien fundamentada y va al fondo del tema, y pedimos que el TSE haga justicia, escuche los argumentos de la denuncia y haga respetar la Ley Electoral», manifestó el vocero de la alianza Juntos, Edwin Herrera.

Ante esto, Barrientos afirmó que el TSE debe anular la personería jurídica del MAS e inhabilitar la candidatura de Arce porque cometió un delito electoral, similar al registrado en 2015.

«Por lo tanto, en consecuencia y en coherencia se tiene que inhabilitar la personería del MAS y se tiene que inhabilitar al candidato Arce, porque las leyes las tenemos que cumplir todos», aseguró el diputado.

Asimismo, UD presentó la resolución emitida por el Órgano Electoral, en marzo de 2015, que anuló la personería jurídica de UD en Beni e inhabilitó al candidato a gobernador de Beni, Ernesto Suárez, y 227 candidatos de ese partido en ese departamento.

«Este es un antecedente jurídico emitido por el TSE y en una lógica de concordancia, lo que corresponde es que los vocales actúen en función a lo que establece la Ley Electoral y que vaya en la línea de dicho fallo que sancionó a nuestro partido, tras difundir los resultados de una encuesta», expresó Monasterio.

En esa línea, la abogada Camacho señaló que el Órgano Electoral debe actuar en el marco de un principio de igualdad, en el caso del MAS.

«Ante el cambio de los actores políticos, no puede ser que la interpretación de la norma sea distinta, cuando en un momento han tenido una línea establecida y a ella se debe dar continuidad», afirmó la jurista.