“Dos procesos fueron iniciados, a denuncia de la Gestora, a partir de un relevamiento de información que se efectuó por parte de esta entidad pública. Hay los elementos necesarios para continuar con la investigación. Son ocho exfuncionarios que están siendo investigados”, declaró este martes, la fiscal que lleva el caso, Lupe Zabala.

La investigación fiscal, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, se abrió después que el actual gerente de la Gestora, Sergio Flores, ratificara su denuncia, con su declaración testimonial, realizada el lunes.

Citación de testigos

Sin revelar nombres, la fiscal Zabala señaló que en los próximos días, serán citadas en calidad de testigos tres personas, además de personeros de las empresas de provisión de software que firmaron contratos con el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según las pesquisas realizadas por el Ministerio de Economía y la Gestora Pública, la administración estatal anterior, suscribió dos contratos para la provisión de software para la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP), uno en 2017, con la empresa panameña Sysde International INC y otro en octubre de 2019, con la colombiana Heinsohn Business Technology.

A Sysde se le habría pagado $us 3 millones de un total de $us 5,1 millones mientras que el contrato con Heinsohn se suspendió sin haber desembolsado recursos.

“Lo que el Ministerio Público, por principios de objetividad está haciendo, es recabar todos los datos necesarios, a objeto de encaminar una investigación de manera correcta. En ese sentido, se emitieron requerimientos y se ha efectuado una citación a los testigos que fueron mencionados en la denuncia de la Gestora”, sostuvo la fiscal.

El Ministerio Público envió requerimientos de información al Servicio General de Identificación Personal (Segip), al Servicio de Registro Cívico (Serecí), Dirección General de Migración y otras entidades. Además de a los ocho sindicados implicados.