“Exigir la anulación del proceso electoral del 6 de septiembre de 2020 y realizar una nueva convocatoria a proceso electoral cuando las entidades técnicas médicas a cargo de la pandemia lo consideren seguro, desde luego sin la maquinita fraudulenta establecida y con un nuevo padrón electoral que ofrezca certeza y garantías a los ciudadanos para unas elecciones limpias y transparentes”, dice el primer punto de la resolución.

La decisión de los cívicos se tomó debido al incremento de casos COVID-19 y el peligro que supondría la aglomeración de un proceso electoral. También plantearon que antes de hacer elecciones, se debe realizar tareas como una auditoría al Padrón y su depuración.

En la resolución, los cívicos califican de “criminal” la actitud del MAS en la Asamblea Legislativa. Acusan a ese partido de “atentar contra la salud del pueblo boliviano anteponiendo sus intereses político partidarios”.

También exigieron que avance el proceso penal por el fraude de 2019.

Asimismo, la resolución de los cívicos pide la anulación de la sigla del MAS-IPSP, aplicando la ley del Régimen Electoral (026), por haber infringido la norma.

En los últimos días, varias organizaciones políticas demandaron el Órgano Electoral que cancele la personería del MAS, porque el candidato Luis Arce reveló datos de encuestas internas, cuando la norma prohíbe que partidos difundan estudios de opinión.

El movimiento cívico advirtió que, de no aceptarse esas demandas, se exigirá la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero,” activando todos los mecanismos necesarios de protestas democrática y pacífica”.