Pero la tarea no ha terminado. Evo Morales y su camarilla deben ser derrotados ante un tribunal supremo, imparcial y definitivo. Deben ser derrotados ante el jurado máximo y soberano del país que es el pueblo; que sea la gente quien los condene definitivamente en las urnas. Esa es la tarea histórica a la que está llamada la clase política boliviana que crea en la libertad y practique la democracia. Si ésta fallara, deberá ser la gente, como en octubre pasado, la que opte por el voto útil para condenar a la tiranía. Ello incluye a aquellos que antes votaron por el MAS y que ahora puedan votar contra Evo y por el retorno a la democracia. Sólo ello nos dará la verdadera y completa impugnación final al abuso y a la corrupción del anterior régimen.

La próxima elección no sólo debiera librarnos de Morales y su camarilla a los bolivianos críticos de su exgobierno, sino también a los masistas que quieran vivir en democracia, en paz y en libertad y que opten por el camino de la paz y no por la violencia, a aquellos que quieran librarse de la aberrante sumisión al “jefe”, al cacique arbitrario y brutal que ha sometido a su propio partido a la dictadura del capricho, la ignorancia y la corrupción. Ese cacique que ha impuesto la dictadura cocalera sobre la intelectualidad, el pensamiento y doctrina de un socialismo moderno y democrático (con el que yo disiento). Ésta es la oportunidad para ellos, para nosotros, de deshacernos del tirano y su régimen.

Pero lo anterior, por magnífico que parezca, no sería posible si en las próximas elecciones no se da una contienda justa y libre en la que la mayoría de los bolivianos rechacemos a ese gobierno autoritario de 14 años.

La Ley No. 026 del Régimen Electoral promulgada por la dictadura de Morales, en 2010, es una ley mordaza, represora de los derechos políticos y ciudadanos, diseñada para castigar a la oposición y asegurar la hegemonía de la dictadura. En suma, una ley vil, injusta y ruin. Es esa ley la coronación de un sistema represivo que pasaba por la criminalización de la oposición política, la persecución judicial, la cárcel sin proceso, el asesinato, el exilio y la inhabilitación electoral de los opositores. Yo mismo fui y soy víctima de esa ley, al haber sido acosado judicialmente con cargos fabricados y no haber podido regresar a mi país por 11 años, lo que me inhabilitaría políticamente, si deseara postularme nuevamente.

Esa misma norma vil fue empleada para inhabilitar a Ernesto Suárez y todos los candidatos de su partido en el departamento del Beni en 2015. Y hoy está siendo invocada para inhabilitar al candidato presidencial impuesto por Morales y quitarle la personería jurídica al MAS. Pero la prohibición de difundir encuestas, que sólo pudiera pasar por la mente estrecha y mezquina de un régimen autoritario como el de Morales, no rige en ninguna democracia que respete la libertad de expresión, con los consabidos peligros de abuso de la misma. Esa ley debiera ser repudiada y derogada.

Las preguntas son: ¿queremos impugnar y condenar legítimamente al régimen de Morales en las urnas? o ¿queremos ganar con trampa, con la misma trampa que es parte del fraude que nos hizo Morales, y privar al 30% del electorado de optar por su preferencia electoral? ¿Sería legítima una elección sin el MAS? o ¿sería una victoria pírrica que deslegitimice la victoria limpia y diáfana de la gente que pacíficamente luchó en las calles haciendo huir al tirano? ¿Vamos a proscribir al adversario para ganarle? No quiero ni pensar en la guerra fratricida que se desataría entre los opositores si es que eso sucediera.

Argentina proscribió al peronismo en 1955, pero éste regresó por la ventana de mano de Isabel Perón, una cabaretera panameña, después de 18 años, trayendo al anciano Perón de vuelta con Cámpora y López Rega, e infectó a la Argentina, al parecer para siempre, con un virus populista mafioso que lleva a su actual presidente Alberto Fernández a señalar que “es deseable un país pobre y primitivo con tal que sea igualitario”.

Cuidado con lo que nos pudiera esperar en Bolivia.