A la fecha, si bien ya no poseen el control del poder ejecutivo tras la renuncia y posterior huida del déspota que gobernara sin sujeción a la Ley, los resabios de ese nefasto régimen aún se hallan incrustados en las instituciones públicas y, principalmente, en un sistema judicial donde campea la retardación y mora procesal, la manipulación, corrupción e inmoralidad pútrida.

Los operadores de justicia que acompañaron este mal llamado “proceso de cambio” se ocuparon de confeccionar afanosamente leyes y disposiciones transitorias a la justa medida, capricho y exigencia del autócrata --las más de ellas punitivas y persecutorias--, que asumió que lo político debía estar por encima de lo jurídico y, por tanto, no se somete a Ley alguna. No otra cosa podría deducirse del sinnúmero de aseveraciones desafortunadas del ahora prófugo de la justicia, como “Yo le meto nomás, por más que sea ilegal”, que además de ser irreverente y autoritario, terminó por menoscabar los más altos principios y valores democráticos.

Quién diría que una de esas tantas leyes vigentes, como la 026 de Régimen Electoral y otros reglamentos conexos, cual “karma inmutable” que amolda y estabiliza las buenas y malas acciones al igual que sus consecuencias, hoy podría ser la justa regla que termine por inhabilitar la candidatura presidencial de Luis Arce y la proscripción definitiva del Movimiento Al Socialismo (MAS), por haber vulnerado flagrantemente normas del Tribunal Supremo Electoral que prohíben la difusión de resultados de encuestas por cualquier medio.

En efecto, el pasado 14 de julio, Arce, entrevistado por Enrique Salazar, del canal Abya Yala, hizo referencia a una “encuesta interna” realizada por el MAS, donde refirió contar con 50% de apoyo del electorado, asegurando que “estamos con un buen margen con respecto al segundo (...). Superamos el 40% y hay 10 puntos porcentuales con el segundo (...). De acuerdo con la última encuesta, estamos hablando de que sí, al segundo le estamos sacando 18 puntos, estamos hablando de unos 22, 23 puntos más o menos”. La Ley 026, artículo 135, inciso C) señala la prohibición de difusión de estudios de opinión, cuando “hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales”. Más aún, el artículo 136, numeral III, tácitamente establece que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica (...)”.

Tras la evidente “metida de pata”, rápidamente salió en su defensa la exministra y vocera de los azules, Marianela Paco, alegando que fueron “simplemente opiniones” y que no habría difundido ninguna encuesta. Al parecer, debe volver a revisar con mayor esmero y atención el video, pues claramente “superluchín” Arce, indica “en nuestra encuesta, sí Carlos Mesa anda segundo todavía”.

A su vez, habría que exigirle un mínimo de coherencia y decencia para obrar conforme a su actitud asumida el 2015, respecto a la cancelación de la personería jurídica de (UD) en el Beni y la inhabilitación de 228 candidatos. En esa ocasión, entrevistada por “Anoticiando” de ATB señaló que “la Ley está clara (...). No hay dónde perderse”.

Lo cierto es que el TSE, ante la flagrancia de los delitos electorales cometidos, debe anular de oficio la personería jurídica y proceder a la inhabilitación de todos los candidatos del MAS, en apego a las disposiciones previstas en el Régimen Electoral y, principalmente, hacer respetar el imperio de la Ley que es para todos.