- EJU TV - Sala Plena del TCP continúa en sesión convocada por su presidente Franco y no se considera su eventual reemplazo
- Correo del Sur - Sala Plena del TCP continúa en sesión convocada por su presidente Franco y no se considera su eventual reemplazo
- La Razón - Tahuichi alerta que judiciales restantes están ‘desfasadas’, sin fecha y sin presupuesto
- AHORA DIGITAL - Denuncian a los diputados Edwin Rosas y Mariela Baldiviezo por transfugio político y son retirados de la bancada de CC
- El Potosí - Se alejan otros tres diputados y la crisis se profundiza en CC
- Ahora el Pueblo - ¿Qué departamentos tendrán boletas de votación completas y qué regiones no?
- Oxígeno Digital - Tras fallo del TCP, Vocal afirma que el TSE tiene dos caminos para definir la presidencia del MAS
- El Deber - Tras los fallos del TCP, hay amenazas de juicios penales contra asambleístas y el TSE
Medio: ERBOL
Fecha de la publicación: jueves 10 de mayo de 2018
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Conflictos limítrofes
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Actualmente, los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz están enfrascados en un conflicto por la propiedad del campo, puesto que un estudio señala que el yacimiento está en territorio cruceño, pero los chuquisaqueños están en protestas para que se realice una nueva delimitación.
De acuerdo con el CEDLA, en 2016 las regalías por el campo Incahuasi en 2016 habrían sumado unos 6,3 millones de dólares, pero para 2017 esa cifra sería de 39 millones de dólares.
El Centro de estudios señaló que esa cifra de 39 millones de dólares es importante, tomando en cuenta que equivale al 100% de las regalías percibidas por Chuquisaca en 2017 y un 37% de las que recibió Santa Cruz.
Sin embargo, según el CEDLA, aún siendo importantes los montos por regalías que los departamentos recibirían por Incahuasi, igual significan una fracción menor respecto al total de las ganancias por la venta de los hidrocarburos.
De acuerdo al análisis en base a datos del 2015, los departamentos, municipios y universidades (sumando las regalías y otros beneficios) recibirían un 31,7% del valor de venta de los hidrocarburos (las gobernaciones sólo un 16%), mientitas que el Gobierno central obtendría un 31,7% y las transnacionales el restante 37,2%.
A la luz de esos datos, el CEDLA concluyó que “la distribución del valor de los hidrocarburos, dispuesto por la supuesta nacionalización de 2006, no favorece a los gobiernos subnacionales, sino, en primer lugar, a las empresas transnacionales”.
Asimismo, indicó que “el gobierno central absorbe un porcentaje similar al del conjunto de los nueve departamentos, confirmando la vigencia de una lógica centralista en las políticas públicas, explicable -aunque no justificable- por la necesidad de financiar las políticas del gobierno del MAS, orientadas más que al desarrollo, a la obtención de apoyo político que garantice su continuidad indefinida en el poder”.
“Los datos fríos develan que las luchas regionales por los beneficios de la explotación de los recursos hidrocarburíferos, en un contexto dominado por el interés de las transnacionales, resulta ser una pelea entre “hermanos pobres” por el pedazo menor del banquete, en la medida en que continúan relegados por el gobierno y sus ‘socias’, las empresas transnacionales”, señala la publicación del Centro de Estudios.
Por último el CEDLA instó a “reivindicar una verdadera
nacionalización de los hidrocarburos, lo que no puede entenderse sino
como el control físico y efectivo de los medios de producción del sector
hidrocarburífero por parte de la empresa estatal YPFB”