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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: martes 21 de julio de 2020
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) afronta dos frentes de presión. Tres organizaciones políticas exigen la inhabilitación del Movimiento Al Socialismo (MAS) de las justas electorales, mientras que por otro lado suman las voces que piden que, ante la escalada de la crisis sanitaria, se postergue la fecha de los comicios.
Ayer, representantes de tres organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales presentaron por separado, en las oficinas del TSE, denuncias contra el partido azul y Luis Arce, su candidato a la presidencia, por el presunto delito electoral de haber difundido datos, cifras y porcentajes en una entrevista pública.
Uno de esos frentes es la alianza Juntos, que postula a la presidenta Jeanine Añez. La denuncia fue presentada por los legisladores Tomás Monasterio, Gonzalo Barrientos y las asambleístas departamentales Claudia Bravo y Vilma Magne.
“Estamos viniendo a presentar la denuncia formal contra el señor Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo en función a lo que establece la norma electoral 026 en su artículo 138 y 136 donde establece la prohibición en torno a los resultados de encuestas internas. Todo el país ha sido testigo de que el señor Luis Arce ha difundido resultados de una encuesta y que, según lo que establece la ley, corresponde una sanción”, afirmó Monasterio.

La exministra Lizárraga interpuso la denuncia de Creemos.
La denuncia de Libre 21
La segunda alianza que presentó similar denuncia es Libre 21 y fue la candidata Susana Campos quien interpuso la acusación por la “difusión ilegal de encuesta electoral de parte del candidato a la presidencia por el MAS-IPSP, Luis Alberto Arce Catacora”.
En la denuncia, la candidata de Libre 21 exige al TSE “disponga la cancelación inmediata de la personería jurídica de la organización política Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos y como consecuencia la automática inhabilitación de todos los candidatos inscritos por la referida organización política para las elecciones generales 2020”.
La acusación de Creemos
Creemos es el tercer frente político que exige al TSE cumplir lo que dice la Ley de Régimen Electoral y proceder de la misma forma que hizo el Órgano Electoral en marzo de 2015, cuando inhabilitó a Ernesto Suárez y a más de 100 candidatos de su partido, Unidad Demócrata Beni.
En respuesta, Luis Arce, candidato del MAS, aseguró ayer que su persona no cometió ninguna falta que merezca la anulación de su candidatura.
“Nosotros no hemos cometido ninguna falta en el tema electoral y estamos seguros que si el Tribunal Supremo Electoral valora todo lo que está sucediendo, todos los acontecimientos con la norma vigente, nosotros no tenemos por qué preocuparnos porque no ha habido ninguna violación a este reglamento del Órgano Electoral”, afirmó.
Al respecto, la analista Erika Brockmann afirma que, en años pasados, el MAS impulsó normas “arbitrarias y abusivas” contra sus adversarios y las aplicó sin contemplaciones. Ahora, el desafío es para el Órgano Electoral.

Libre 21, que postula a Tuto, interpuso una denuncia.
“Ahora debe probar de su propia medicina. Difícil prueba para el árbitro electoral que está bajo la mira. Por ahora, el TSE debe admitir las denuncias para que la sala plena se pronuncie sobre el fondo de las mismas. Hay jurisprudencia, por más dura que sea la ley es la ley”, afirmó la analista en temas políticos.
Para el periodista y abogado Andrés Gómez, si bien existe suficiente evidencia de que Arce violó la Ley 026, aplicar a “letra muerta” dicha norma “inconstitucional”, aprobada por el MAS, sería “repetir la arbitrariedad cometida por los masistas”,
“Los vocales del TSE tendrían que demostrar, a diferencia de los vocales del MAS, que ellos garantizan los derechos políticos de las personas, establecidos en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, afirmó Gómez
Postergación de elecciones
Ante el incremento de casos de coronavirus en las últimas semanas, de los ocho frentes políticos habilitados para las elecciones, seis están a favor o no se oponen a que se defina una nueva fecha electoral, entre ellos Comunidad Ciudadana, que fue uno de los más reticentes en hablar de cambios. En esa fuerza indican que se respetará lo que decidan el TSE, el Legislativo y el Ejecutivo.
Asimismo, dentro del MAS también empezaron a surgir voces que indican que no es momento de pensar en política, sino en la salud de la población que es afectada por el virus.
Sobre un posible cambio de fecha, el analista Gómez manifestó que esto “debe depender de un informe científico sobre la crisis sanitaria más que de cálculos políticos o de acciones autoritarias del MAS o de otros partidos”.