La política boliviana tiene una conocida tradición de fracasos, que se expresa en sangrientos enfrentamientos cada vez que acaba el ciclo de un caudillo y comienza el de otro caudillo. Penosamente poco ha cambiado en esa dolorosa tradición del país, como lo muestra su historia de repetidas convulsiones.

Vivimos en tiempos de enorme fragilidad y de constantes amenazas de convulsión, replicadas con advertencias de represión. Otra vez se han agitado peligrosamente los demonios que pretenden devorar los esfuerzos de pacificación y los débiles intentos de salvar la democracia.

La prueba es el rápido fracaso del publicitado acuerdo político del 2 de junio para aprobar las elecciones del 6 de septiembre, lo que pone al Tribunal Supremo Electoral en una encrucijada histórica, particularmente a su presidente Salvador Romero, el más entusiasta y firme promotor del perforado consenso.

El desmarque de cinco de los ocho candidatos simboliza un traspié monumental del acuerdo, por más que se minimice el peso político de los que han renunciado a que se vote dentro de 48 días.

Fue un error definir un calendario electoral tan rígido en medio de una pandemia que trunca cualquier planificación. Los vocales del TSE se pusieron solos la soga al cuello con fechas fijas, agobiados por las presiones de los mayores partidos de la contienda. Peor aún fue ponerse al centro de una negociación política, sin hacer prevalecer la autonomía del Poder Electoral, plenamente reconocido por la carta constitucional. Demasiada consideración de los vocales al poder parlamentario transitorio y al Poder Ejecutivo, también transitorio, de por sí carentes ambos de legitimidad por el fenecimiento y la prórroga circunstancial de sus mandatos.

Aunque el calendario avanza, asoman también conflictos porque los movimientos sociales del MAS y los que se revelaron contra los abusos de Evo Morales, amenazan con convulsionar el país si se cambia o no la fecha para votar.

En ese contexto complicado, Salvador Romero enfrenta la disyuntiva de buscar otra vez acuerdos con los partidos y con los activistas de movimientos sociales y ciudadanos para diluir la convulsión o plantarse firmemente como el poder llamado a definir con independencia la fecha más adecuada para que los ciudadanos voten con el menor riesgo sanitario y con amplia participación. Para reforzar la confianza en un proceso tan decisivo, cualquier decisión del TSE debe ser respetada por los ocho candidatos y dejar la sensación final de que la fecha de la votación no es de propiedad de uno o dos partidos, sino de todos los bolivianos.

Consiguientemente, un reto de este tamaño requiere de un liderazgo en el TSE con la estatura para enfrentar la histórica encrucijada, más allá de las amenazas de convulsión. La talla debe también alcanzar para afrontar con coraje la otra encrucijada originada por las anunciadas demandas de inhabilitación del candidato presidencial del MAS.

Las decisiones que se tomen marcarán parte del rumbo de la democracia boliviana, tan vapuleada constantemente por la ostentación de la fuerza y por la cultura de la convulsión, que posterga casi siempre el respeto a las normas que dan el marco básico para la convivencia de ciudadanos en el mismo país.