Eso mismo ocurrió en Beni, hace cinco años. El entonces candidato a gobernador, Ernesto Suárez y 228 candidatos quedaron fuera de la carrera electoral a dos semanas de los comicios.

El 11 de marzo de 2015, el entonces ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, ofreció una conferencia de prensa poco antes de que Demócratas perdiera la posibilidad de participar en las subnacionales en Beni, y le pidió a Ernesto Suárez que “evite los lloriqueos de victimización. Eso solamente forma parte de la inmadurez de ciertos dirigentes políticos que en lugar de lloriquear deberían asumir su responsabilidad política”.

En esa oportunidad, el senador beniano Yerko Núñez, hoy Ministro de la Presidencia, realizaba una exhortación similar a la que hoy realiza el MAS. “Ellos saben que la única forma de ganar en el departamento del Beni es anulando a nuestros candidatos a gobernadores, alcaldes y asambleístas”.

La tortilla, hoy, se dio la vuelta. 

En 2015, el TSE cortó la cabeza a los candidatos. Este año, el presidente de Órgano Electoral, Salvador Romero, y la Sala Plena deberán tomar una decisión complicada, que puede generar convulsión, de los sectores afines al MAS como de los denominados pititas.

En el documento, el MAS denuncia ante la opinión pública nacional y la comunidad internacional, un nuevo intento de proscribirlo para las elecciones “tratando de tergiversar y manipular lo señalado por la Ley 26 de Régimen Electoral” y advierte que "se ha desatado una campaña que pretende presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de cancelar” la personería jurídica.

El documento advierte que el artículo 136, inciso III de la Ley de Régimen Electoral establece la prohibición a las organizaciones políticas de difundir estudios de opinión. “Nuestro candidato a la presidencia, Luis Arce, participó en una entrevista en la que el periodista pregunta generalidades y él responde generalidades”, con lo que asegura que en ese encuentro no se difundió ningún estudio de opinión.

Sostiene que la entrevista a Luis Arce se regula por las resoluciones del TSE que norma la actividad de los candidatos, cuyas apariciones en medios de comunicación se rigen por los principios de acceso a la información, deliberación democrática, participación informada, libertad de expresión y máxima publicidad.

Menciona que son de conocimiento público las encuestas publicadas por el candidato vicepresidencial de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, en junio de 2020; las realizadas por la candidata de Creemos Roxana LIzárraga en febrero de 2020 y las del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), José María Ormachea, en septiembre de 2019.

Llama la atención de la comunidad internacional sobre las amenazas y presiones vertidas contra el TSE. Pese a que para el MAS no existe riesgo legal de perder su personería, espera que el Órgano Electoral se mantenga como árbitro imparcial, “que garantice que el 6 de septiembre se celebrará un reencuentro entre todos los bolivianos, y no un evento con la mayoría de nuestro país proscrita, amenazada y sin representación”.

Por ello, el MAS se declara en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir a ese partido y a sus candidatos. “Junto al pueblo boliviano, y con la verdad por delante, defenderemos la democracia, la paz y la justicia social”.

En la entrevista con Abya Yala, el candidato Luis Arce Catacora dijo que encuestas internas del MAS indican que está por encima del 40% de preferencia electoral, con una diferencia de más del 10% en relación al segundo, e incluso se anima a apostar de que no habrá segunda vuelta electoral. Menciona qué partido se ubicará en el segundo y en el tercer lugar.

En 2015, Carmelo Lenz, quien era jefe de campaña, ofreció una conferencia de prensa en la que puso en conocimiento “al pueblo trinitario que UD, como todos los partidos políticos realiza sus propias encuestas y a nivel departamental, con 1.278 muestras, y labor realizada del 23 al 25 de febrero, el resultado es que UD con Ernesto Suárez tiene un 46%, el MAS 21%...”. 

La norma prohíbe la difusión de datos de encuestas preelectorales o de cualquier estudio de opinión en materia electoral, en los mensajes de propaganda electoral. El artículo 136 de la norma electoral dice: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.