Dijo que esa ley fue aprobada y aplicada por el MAS y en su momento sus principales voceros, Marianela Paco y Juan Ramón Quintana, de manera efusiva reclamaban la aplicación de esa ley contra Ernesto Suárez, candidato por Unidad Demócrata a Gobernador del Beni a quien le pedían incluso no lloriquear sino cumplir hidalgamente la ley.

“Bueno pues, ha llegado el momento de cumplirla porque la ley debe ser para todos por igual, por lo tanto, lo que corresponde ahora, como dice la misma norma, se tiene que dar la sanción de manera inmediata de parte del Tribunal Supremo Electoral y que demuestre que está al lado de la legidalidad, del Estado de Derecho y de la institucionalidad, porque caso contrario va a poner en entredicho ya no solo su credibilidad, sino el proceso electoral afectando a la democracia”, declaró.

Lamentó que ahora esos mismos voceros que pidieron aplicar la ley contra Ernesto Suárez, ahora exijan que no se aplique la norma, en una suerte de doble discurso que les caracterizó a lo largo de los 14 años de gobierno.

Consultado si una eventual impugnación del artículo 136 ante el Tribunal Constitucional podría hacer inaplicable la norma salvando así al candidato del MAS – tal como lo señaló en días pasados el abogado Iván Lima – dijo desconocer si Lima es abogado o miembro del equipo juridico del MAS, pero lo cierto es que hasta ahora no hay ningún pronunciamiento del TCP.

En ese sentido indicó que mientras no se conozca una sentencia constitucional, “la norma está vigente, corresponde notificar y sancionar de manera inmediata al MAS. Lo concreto es que hoy domingo, mañana lunes, la ley está en plena en vigencia y se debe cumplir”.

Bedregal observó la doble moral del MAS que, aprovechando su mayoría en la Asamblea, aprobó leyes sabiendo que son inconstitucionales y las aplicaron violando  derechos civiles, políticos y ciudadanos.

“El MAS es una organización política carente de valores demócraticos, principios jurídicos y morales y el anuncio de que fue demandado de inconstitucionalidad, es preocupante. ¿Eso es normal? ¿Es ético? Eso no puede quedar así. Los patrocinadores de la demanda deberán explicar no solo ante el TCP sino ante el país”, manifestó.