En su informe, la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que en las elecciones del 20 de octubre de 2019 hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves”, lo que llevó al organismo internacional a concluir que hubo un presunto fraude electoral. 

En ese marco, mencionó al menos siete funcionarios que no fueron removidos por la actual Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque realizaron una labor que, según el reporte, tiene indicios de anomalías en la recepción y fiscalización de la impresión de actas de escrutinio y papeletas de votación.

El presidente del TSE, Salvador Romero, respondió que la renovación del Órgano Electoral “ha sido profunda y se ha producido en los niveles más altos”. Se cesó a todos los vocales que condujeron la elección 2019, tanto nacionales como departamentales. La mayoría de los directores del TSE fueron designados en 2020 en base a un proceso serio de evaluación de méritos profesionales.

No obstante, admitió que, “por supuesto, también se mantuvo personal técnico y funcionarios con años de carrera en la institución, algunos incluso décadas. Su experiencia es importante para un adecuado funcionamiento del andamiaje logístico, administrativo y técnico de un proceso electoral”.

Acotó que, de manera periódica, la Sala Plena evalúa al personal en dos dimensiones: capacidad profesional e imparcialidad política.

El caso

De un total de 14 nombres identificados en los procesos realizados para las elecciones de octubre, que se encuentran en el anexo 4 del informe de auditoría que presentó la OEA, este medio pudo confirmar que siete funcionarios permanecen en el TSE, tres ya no están, y no pudo conocer si otros cuatro funcionarios siguen en funciones o no.

Los tres funcionarios que se fueron del TSE son el director nacional de administración, la directora nacional jurídica que era interina y la responsable de proceso de contratación de licitación pública. Continúan en funciones, aunque no necesariamente en el mismo puesto, el encargado de estrategias de observación, acompañamiento y supervisión; el director nacional de procesos electorales. Cinco profesionales y técnicos de distinto nivel encargados de capacitación recursos humanos, almacenes, logística electoral, aportes, remuneraciones a largo plazo y registros contables.

Este personal fue mencionado por el informe de la OEA en procesos de contratación, o fue designado en comisiones de recepción o fiscalización para la suscripción del contrato con la empresa que se encargó (este reportaje no menciona el nombre de la firma) de la impresión de 33.305 Actas de Escrutinio y Cómputo (Voto Nacional) para las Elecciones Generales 2019. 

En el anexo está el documento que notifica a tres funcionarios del TSE sobre su designación para integrar la Comisión de recepción del proceso “Servicio de Impresión de Actas de Escrutinio y Cómputo (Voto Nacional) ”, en el cual se detalla la impresión de 341.100 papeletas de sufragio para el Voto en el Exterior y 7.209.611 papeletas de sufragio para el Voto Nacional.

Los funcionarios aludidos recibieron o suscribieron memorándums en los que se les informa sobre su designación para integrar la Comisión de Recepción del proceso de contratación y se les nombra Fiscales de Servicio para la impresión de actas y papeletas.

El informe dice que el TSE determinó en la licitación que el material defectuoso, dañado o sobrante “deberá ser entregado al Fiscal de Servicio para su respectiva destrucción. La empresa adjudicada deberá disponer de una picadora de papel o guillotina o similar para este cometido”. El material sobrante está definido en el documento como “material producido en exceso y en buen estado”. Pero, el TSE no proporcionó al equipo auditor el “Acta de Destrucción o Devolución” que corresponde a la destrucción de ese material.

En el contrato de impresión de papeletas también se evidenció una cláusula que determina que “todo material sobrante, es decir, papeletas producidas en exceso y en buen estado (dobladas), serán entregadas al Fiscal o Fiscales de Servicio correctamente empaquetadas y con el rótulo “papeletas excedentes,” haciendo notar la cantidad para cada tipo de papeleta”. Tampoco lo hicieron.

Por ello el informe señala que “es importante que las empresas contratadas hagan de conocimiento público el número de actas entregadas al TSE, así como de las respectiva Acta de Entrega (o Remisión) y Acta de Destrucción o Devolución”, para complementar la investigación.

Se mantienen

El presidente del TSE expresó que dada su exhaustividad, el Informe de auditoría de la OEA cita los nombres de autoridades y funcionarios con muy distintos niveles de responsabilidad. Menciona a vocales, que son quienes tienen la responsabilidad institucional de conducir el proceso electoral, y también a funcionarios que cumplieron labores meramente administrativas o técnicas.

En defensa de ellos, advierte que sus actos “no tuvieron incidencia sobre la marcha general de una elección, como, por ejemplo, técnicos en remuneraciones o encargados de almacenes. No sería justo ni conveniente prescindir del servicio de esos trabajadores sin que existan elementos de una culpa o responsabilidad personal”. 

El informe señala que el TSE no proporcionó al equipo auditor el contrato o ninguna documentación que detalle la cantidad de actas de Escrutinio y cómputo que fueron impresas para el Voto en el Exterior.

Al respecto, auditores que estuvieron presentes en el TSE para verificaciones de actas del voto en el exterior constataron la existencia de dos actas originales sin llenar (1084 y 1094), que parecieran descartadas por contener un error en la impresión del número de mesa del recinto de votación respectivo. Incluso se señala que habrían sido impresas con anterioridad a las finalmente utilizadas. El equipo auditor no tuvo posibilidad de consultar ni requerir mayor información sobre este tema.

En el análisis de Integridad Electoral Estado Plurinacional de Bolivia señala que este equipo no hizo su trabajo correctamente y que el material original que “parecería descartado por errores o defectos no fue debidamente destruido o inutilizado.

Dado que el contrato de impresión de papeletas como de Actas (Nacional) estipulan que todo material defectuoso, dañado o sobrante debe ser entregado a los Fiscales del TSE, es importante que el Órgano Electoral pueda brindar mayor información sobre los casos en que se debió descartar material, los motivos y qué ocurrió con ellos, ya que la existencia de estas dos actas general la duda sobre si efectivamente se hubiera destruido todo material excedente o defectuoso.

Cuando se le consultó cuáles específicamente son los cargos que fueron removidos dentro del TSE debido al tema del fraude, recalcó que todos los mandos directivos son nuevos, desde los Vocales, la mayoría de los directores nacionales y de los puestos clave en la institución. “Sabemos que nos corresponde llevar adelante la elección más compleja de la historia democrática del país, en un contexto de alta polarización y múltiples tensiones”, manifestó.

¿Se puede asegurar que todos los funcionarios que trabajaron con la anterior gestión, podrían ensuciar el proceso?, se preguntó. “Lo que busca la Sala Plena no es una ‘afinidad’ de los funcionarios con los vocales. Una pretensión de esa naturaleza representaría una visión dañina para la reconstrucción institucional. Cuando se privilegian lealtades personales, retrocede la fortaleza institucional. Nos interesa un compromiso firme con los principios que guían al Órgano Electoral: equidistancia frente a los partidos y candidaturas, solvencia técnica para abordar los problemas, apego a la ley. El respeto de esos principios garantiza la transparencia del proceso”, respondió.

TSE licita a la empresa auditora

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) viene recibiendo las propuestas para definir la empresa que se encargará de la auditoría del proceso electoral, mientras que a través de la empresa inglesa Reckon, avanza en la renovación del programa que reemplazará al Trep.

EL DEBER pudo confirmar, a través de empresas que se postulan, que está en proceso la presentación de propuestas para las firmas que se encargarán de auditar el proceso electoral del domingo 6 de septiembre.

El presidente del TSE, Salvador Romero, fue más cauto al respecto e informó que la auditoría de los programas informáticos es una etapa prevista en el cronograma de trabajo. “Será un concurso abierto y está en proceso, por lo que, en este momento, no se tiene el nombre de la compañía que realizará esa labor”.

Independientemente de ese trabajo, destacó como hecho importante que el TSE ha abierto el padrón para el análisis de las organizaciones políticas e incluso de instituciones de la sociedad civil. “Se efectuaron laboratorios en marzo y entre fines de junio y principios de julio. Incluso, estos se descentralizaron departamentalmente para ampliar las oportunidades para que numerosas organizaciones lo estudien. Apostamos por la transparencia y confiamos en la solidez de la información. Se han recogido observaciones y sugerencias para elevar aún más la calidad del Padrón”.

Aseguró que los bolivianos asistirán a votar “con un Padrón debidamente saneado y revisado por los actores políticos”. La principal autoridad del ente electoral expresó por otra parte que una de las principales acciones de la Sala Plena fue encarar un trabajo de renovación tecnológica de largo alcance, con dos vertientes. “Por un lado, gracias al valioso respaldo de los países amigos, canalizado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el TSE ha conseguido una significativa modernización del equipamiento informático”.

Complementó que se desarrollan programas informáticos, tanto para el cómputo como para la transmisión de resultados preliminares.

El PNUD contrató a Reckon, una empresa británica “de punta” que elabora el Sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE) para el TSE.

Funcionarios del TSE estuvieron en Londres para coordinar las actividades y asegurar que el programa se ajuste a las necesidades técnicas, operativas y jurídicas de las elecciones bolivianas.

Romero complementó que se prevé una intensificación de las pruebas en agosto. El programa será de propiedad del TSE y será administrado directamente por el organismo electoral. Adicionalmente, se ha determinado que el procesamiento de las actas comience apenas sean recibidas y que la información estadística esté inmediatamente disponible para el público; asimismo, la transmisión no se interrumpirá, como ocurrió la noche del 20 de octubre con los datos del Trep. “Esos son cambios relevantes con respecto a lo ocurrido en los comicios de 2019”, dijo el presidente del organismo electoral.