En una entrevista con el canal de televisión Aby Yala, Arce dijo que está por encima del 40% de preferencia electoral, con una diferencia de más del 10% en relación al segundo, por lo que no habría una segunda vuelta.

Ante la polémica surgida por este tema y los pedidos de que se anule la participación del MAS y de sus candidatos en las elecciones del 6  de septiembre, Página Siete consultó a dos expertos en temas electorales. Ambos mencionan la Ley 026 de Régimen Electoral y como antecedente del hecho, lo ocurrido en marzo de 2015 cuando el TSE anuló la personería jurídica de Unidad Demócrata (UD)  en Beni y dejó fuera de las elecciones a Ernesto Suárez y a otros 127 candidatos de su frente político porque su jefe de campaña, Carmelo Lenz, difundió datos de una encuesta.

“Se ha cometido un presunto delito del artículo 136 de la Ley 026 de Régimen Electoral”, afirmó el experto Miguel Serrano, quien planteó varios puntos a considerar sobre el hecho. Por ejemplo, Luis Arce “señaló que hizo su propia encuesta. Aspecto que muestra la difusión de su encuesta”, dice Serrano, y destaca también que además en la entrevista brindada por el candidato azul “señaló porcentajes aspecto que se podría considerar como difusión”.

La entrevista con Luis Arce

El 14 de julio, el candidato del MAS Luis Arce  fue entrevistado por Enrique Salazar, de  Abya Yala, donde revela datos de una encuesta interna de su organización política. “Estamos bien, estamos a la cabeza y con un buen margen respecto al segundo y hay encuestas que se están publicando en línea con lo que nosotros hemos obtenido de las encuestas internas”, respónde Arce ante la pregunta del periodista.

“Superamos al 40%, y tenemos mucho más de 10 puntos  porcentuales de margen sobre el segundo. Mucho más”, insistió Arce.

Existen dos artículos en la Ley 026 que se refieren a las prohibiciones y sanciones de la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando no cumplen las especificaciones del Órgano Electoral. Parte del artículo 135 prohíbe la difusión de artículos cuando “sean anónimos” y también cuando hayan sido realizados por organizaciones políticas o candidatos.

El parágrafo III del artículo 136 dice: “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

El analista Paúl Coca afirmó que el caso es similar a lo sucedido en 2015 con UD Beni y en el caso actual del MAS para que el TSE tome el cuenta el tema. “Se debe presentar una denuncia. El Tribunal Supremo no actúa de oficio. Alguien tiene que presentar una denuncia ante el TSE y adjuntar la prueba, es decir, el video de la entrevista, además de acreditar la identidad”, explicó Coca, y agregó que posterior a ese paso el ente electoral velará si se cumplió con los requisitos formales para presentar la denuncia y si es así, admitirá la misma y notificará al MAS.

Al respecto, desde la alianza Creemos, de Fernando Camacho, dicen que cumpliendo la Ley 026, se debe aplicar la misma sanción que a UD Beni. “Hoy Luis Arce, candidato de Evo,  hizo lo mismo y debe aplicarse la ley por igual”.

De similar postura es la alianza Juntos que evalúa la presentación de la denuncia ante el TSE. En tanto, Comunidad Ciudadana afirma que está analizando el tema de maneja jurídica, pero adelantó que “se trata de un asunto estrictamente jurisdiccional y es el TSE el que debe decidir lo que corresponda en estricto apego a la ley”.

Que TSE aplique la misma sanción

El exgobernador del Beni y jefe de campaña de Unidad Demócrata (UD) Beni, Carmelo Lenz, afirmó que hace cinco años cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló la personería jurídica de su partido a ocho días de las elecciones, fue por imposición del MAS que impuso su voluntad.

Lenz, en contacto con Página Siete, rememoró lo acontecido días antes de las  subnacionales de 2015 cuando el TSE anuló la participación de 128 candidatos de UD Beni y la personería jurídica de su partido por difundir una encuesta.

“El dominio que tenía sobre el TSE y el poder abusivo del MAS distorsionaron la norma diciendo que nos acomodábamos a un articulado vigente cuando ese articulado establecía que para que proceda la suspensión y la inhabilitación se tenían que hacer encuestas elaboradas por una encuestadora”, afirmó.

Agregó que en esa ocasión su partido tenía  una ventaja respecto a los otros en las  subnacionales “sin mencionar que se trataba de una encuesta, sin mencionar cantidades y mucho menos  porcentaje, situación completamente diferente con lo que sucede ahora cuando es el propio candidato quien menciona cantidad y porcentaje”, afirmó Lenz.

Pidió al TSE que ahora aplique la misma sanción contra el MAS porque en esta ocasión sí se acomoda a la norma.  “La resolución que emitió el TSE el 12 de marzo de 2015 es la línea jurisprudencial que tiene que seguir”, dijo.