El Estado Plurinacional de Bolivia se encamina a concluir la gestión 2017 llevando adelante el proyecto del gobierno de renovar los altos cargos del sistema judicial, en unas elecciones en las que los únicos candidatos han sido elegidos por el MAS, partido de gobierno. La ciudadanía, mediante sus instituciones más representativas ha expresado su rechazo a la forma como se ha hecho la selección de los postulantes a magistrados que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Se trata de una prueba de profundo contenido y político de alto riesgo para la vigencia de los principios democráticos esenciales, que puede marcar el futuro. La esperanza por un transparente proceso tiene marcadas dudas que se han reflejado en las percepciones ciudadanas recogidas por algunas encuestadoras de opinión pública, que dan una pauta de que nuevamente los votos nulos, blancos y la abstención se impondrán, mostrando el rechazo a la forma como se procedido. Como señal de que las prerrogativas ciudadanas no se miden con la misma vara entre el oficialismo y la oposición, recordemos que el Órgano Electoral en otros comicios prohibió que los funcionarios hagan campaña en horarios de trabajo o utilizando bienes públicos. Hoy esta instancia nada dice sobre la permanente campaña en la que está empeñado el gobierno. Menos sobre la utilización de bienes del Estado, mecanismo que se ha incentivado con el anuncio de que Evo Morales, pese a las prohibiciones expresas de la Constitución Política del Estado, será candidato en las elecciones de 2019, y pareciera que la elección judicial va paralela a las intenciones dirigidas a la prórroga de los actuales mandatarios. Funcionarios públicos asisten a las expresiones de apoyo a las intenciones del gobierno, y además muchos están presentes junto al Presidente, entregando obras construidas con recursos estatales como si fuesen obsequios partidarios. Allí se agita en contra de las manifestaciones de la oposición. Contrariamente, la decisión de partidos de oposición así como de instituciones políticas, cívicas y culturales y agrupaciones ciudadanas que impulsan el voto nulo en las elecciones judiciales, desencadenan presiones y hostilidad oficialista hacia las proposiciones de la oposición ciudadana. Esta es otra muestra de la desigualdad en la que se realizan los comicios en nuestro país, que son una parte importante del proceso democrático junto a la libertad de expresión, el respeto a los derechos ciudadanos y la igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Todo demuestra que la desigualdad se ha impuesto como norma. Los ejemplos son innumerables y nada tienen que ver con que en el país existan partidarios de una u otra opción, principio que es absolutamente democrático y que debe ser respetado. La democracia tiene sus más firmes cimientos y columnas en la división y delimitación de todos los poderes, en la alternancia del ejercicio del gobierno, en el respeto al principio de igualdad de oportunidades, en el reconocimiento de la pluralidad de visiones, formas de pensar, convicciones e intereses que rigen la vida en la sociedad, y en el cumplimiento y respeto de las normas legales. Uno de los pilares para que la democracia funcione es precisamente un sistema judicial independiente, que actúe al margen de la influencia del poder político y que sus miembros sean idóneos para el cargo.