Las Elecciones Generales 2020 deben generar un punto de inflexión en la historia nacional, a fin de profundizar aciertos y corregir errores que previamente se ha criticado.

Si bien es aplaudible que las campañas no sean financiadas por el Estado, se debe permitir que el TSE maneje igualdad de condiciones para los ocho participantes en la difusión de sus propuestas, siendo el generador del debate obligatorio.

La principal crítica era que el TSE no se animaba a definir la delgada línea entre gestión gubernamental y proselitismo; pues estamos en momento de hacerlo y prohibir el uso de gastos públicos de manera directa y/o indirecta, ya que si bien existe un partido en función transitoria de gobierno, tenemos un ex oficialismo que controla Gobernaciones y Alcaldías, la regla debe ser para todos y en las mismas condiciones.

De un tiempo a esta parte, han existido movimientos ciudadanos que se aglutinaron en torno al 21F y luego en las “pititas” (con los consiguientes contestatarios), representando asociaciones de personas en torno a ideas trazadas. El proceso electoral que se viene debe ir acompañado de la mayor participación ciudadana, eliminando los formalismos y que cada persona haga suyo el destino del país.

Lo anterior debe ser complementado por los políticos, que son los que recibirán el voto popular. Resulta que en Bolivia, el Plan de Gobierno es un aspecto irrelevante para muchos, y presentan cualquier documento para cumplir con el requisito de habilitación; eso es evidente en el proselitismo, donde, por ganarse algunos votos, dan propuestas que ni existen en su propio Plan. Asimismo, ningún participante se imaginó el escenario sanitario que estamos viviendo, por lo que resulta más que necesario que actualicen tales documentos y que el TSE sea gestor de ello.

Además de lo previamente citado, existen dos elementos centrales de la Transparencia Electoral; uno de ellos es que las ocho candidaturas publiquen información sobre sus gastos de campaña, contribuciones recibidas y fuentes de financiamiento; el otro es permitir la mayor cantidad de observadores y veedores electorales, sean nacionales o internacionales, incluyendo a nuestro organismo regional que es la Organización de los Estados Americanos (OEA).