Tras las agresiones, cuyas imágenes tuvieron amplia difusión, las principales autoridades de la Gobernación llamaron a conferencia de prensa ayer para denunciar el hecho como un acto de “racismo, odio y discriminación”, por lo que adelantaron que plantearán una acusación penal, en contra de los autores, dos de ellos ya habrían sido identificados e informaron de su decisión de distanciarse del movimiento regional en defensa de Incahuasi, aunque también llamaron a la unidad del Departamento. El secretario General de la Gobernación, Leoncio Laime, enfatizó que Sucre “no es racista” pero condenó la violencia, criticó a la asamblea institucional y denunció que la movilización regional, coordinada con legisladores de Demócratas, sólo busca “descabezar” la Gobernación y la Alcaldía de Sucre.

No fue la misma reacción de la Alcaldía de Sucre, cuyo burgomaestre Iván Arciénega, también fue hostigado, aunque no agredido. El secretario General, Enrique Leaño, adelantó que no asumirán ninguna medida legal en contra de los manifestantes y afirmó que seguirán acatando el paro cívico.

“Como municipio no vamos a hacer (ninguna medida legal), entendemos que fue un grupo reducido, no queremos agrandar la situación, la violencia genera violencia, queremos que esto se apacigüe”, señaló y afirmó que seguirán acatando el paro cívico.

También la Dirección Municipal del Movimiento Al Socialismo (MAS) se manifestó en contra de lo acontecido con el Gobernador, así como varios alcaldes y organizaciones sociales afínes al oficialismo, quienes denunciaron que la movilización se tornó política.

También desde esferas gubernamentales, el vicepresidente Álvaro García Linera rechazó la agresión que sufrió Urquizu. "No es mediante el racismo y la discriminación contra un campesino" que se resolverá este conflicto de límites, ya que este tema estaría "al margen de un gobernador", señaló.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su parte, lamentó que "un grupo de la derecha radical, racista y fascista” de Chuquisaca no aceptara la propuesta que plantearon para solucionar el conflicto de Incahuasi.

Respecto a estas posiciones, el presidente de la Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), Rodrigo Echalar, respondió que el oficialismo intentaría deslegitimar la medida, desmovilizar y desinformar a la población.

“Los únicos discriminadores están sentados en Palacio de Gobierno y favorecen a Santa Cruz”, dijo durante la marcha de ayer e instó a la población controlar al entorno movilizado para evitar “agentes infiltrados que quieran hacer vandalismo y descalificar la movilización”. Agregó que los dirigentes oficialistas están muy desacreditados ante sus bases “porque les mienten mucho”.

Con anterioridad, autoridades departamentales acusaron al cívico Roberto Balderas de provocar los "actos vandálicos". En la marcha, el cívico señaló que al ser del Chaco, él se trasladará a la zona.

"No tenemos miedo vamos a estar allá", agregó.

LLAMADO A LA CALMA

En medio de las acusaciones, el Arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, recordó que el derecho a la protesta es universal, y condenó las manifestaciones violentas de la jornada del martes y pidió evitar los enfrentamientos para que se anteponga el diálogo por la tarde visitó la Gobernación para brindar su solidaridad.