Efectivamente, el jefe del MAS, en los últimos días de su larga gestión, expresó: “Vacíen las ciudades, dejen de perjudicar con paros. Si quieren paro, no hay problema, lo vamos acompañar con cercos en las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan”.

O sea que rondaba en la mente de Morales precisamente “derrotar” a los habitantes de las ciudades mediante la interrupción de la entrega de alimentos. Para la Fiscalía y las autoridades bolivianas esa declaración, que es pública y que no puede ser considerada de ninguna manera “alterada”, no es útil, ya que fue realizada mientras Morales era presidente. Por lo tanto, para acusarlo  se necesitaría un juicio de responsabilidades. 

En cambio, las órdenes dadas en el otro audio, enviadas a  Yucra, para dejar a las ciudades sin agua y alimento  fueron realizadas cuando él ya había dejado el poder y, por lo tanto, puede ser acusado penalmente en un juicio ordinario.

Además, hay otro tuit incriminatorio del exmandatario: “El gobierno de facto detiene por ‘terrorismo’ a quienes hablaron conmigo por celular, estando yo en México”. Con esto queda confirmado que habló con el dirigente Yucra y que el teléfono era suyo.

Morales debe tener algún tipo de sanción por los hechos ocurridos tras su renuncia. El expresidente no quiso enviar a la Policía a controlar a las protestas opositoras, como autoriza la ley, sino que, para evitar la imagen de represor, lanzó a sus seguidores a enfrentar a los manifestantes. Con ello generó un método perverso de contraponer a bolivianos contra otros bolivianos. Esa estrategia, que buscaba salvar su prestigio, fue nefasta, porque en el proceso quedaron casas destruidas, personas fallecidas y heridas y una sociedad traumatizada. Al final, de todos modos, Morales terminó huyendo, algo que dijo que no iba a hacer. Si ese iba a ser el desenlace, no tenía para qué enfrentar a unos ciudadanos con otros y abrir a tal grado las heridas de la desconfianza y la polarización.